Inminente pedido del ex dictador Pinochet para que lo liberen

Por Víctor Vaccaro (Corresponsal en Chile)

 

Los ocho abogados acusadores se reunirán este fin de semana para coordinar sus pasos inmediatos que incluyen pedir al juez Juan Guzmán que ordene la filiación del reo Pinochet, que implica tomarle una ficha decidactilar de sus huellas y fotografías de frente y perfil para el prontuario que debe abrirse a todo procesado, decidir si se recurre de queja ante la Corte suprema por la rebaja de la autoría a encubrimiento de los crímenes de la «caravana de la muerte» o pedir al magistrado sumariante una nueva calificación del auto de procesamiento del desaforado senador vitalicio.

Los mismos querellantes acusaron por «abandono de deberes» ante el Pleno del máximo tribunal, a su presidente el magistrado Hernán Alvarez y en un escrito presentado ayer de tarde, pidieron que aquél sea pasado a la Comisión de Etica del Poder Judicial a raíz de sus declaraciones públicas a favor de buscar una solución «política» y no jurídica a las violaciones de derechos humanos.

El abogado Eduardo Contreras señaló que la acusación cuestiona las últimas actuaciones del presidente de la Suprema en las que «está renunciando en la práctica a la función de los tribunales de hacer justicia, puesto que dice que estos problemas son tan grandes que los jueces no pueden resolverlos y que hay que entregárselos a los políticos. Y esos problemas son crímenes que no pueden negociarse a ese nivel».

También los acusadores cuestionan que Alvarez diga «cómo debe interpretarse la ley de amnistía, proponiendo una posición absolutamente distinta a la que ha hecho la Corte Suprema, pronunciándose francamente a favor de la impunidad y adelantando opiniones sobre fallos pendientes en los propios tribunales». Contreras estimó «muy grave e impropia la actuación de Alvarez por lo que hemos pedido que la Comisión de Etica aconseje medidas».

Por su parte y al cumplirse cuarenta días de detención domiciliaria de Pinochet en el fundo «Los boldos» de Bucalemu, su defensa espera conseguirle la libertad bajo fianza, cosa que según el magistrado Guzmán es un derecho de cualquier procesado y que en este caso se vería facilitada por la rebaja en la calificación de sus delitos como encubrimiento. En cuanto a la apelación que debe conocer a fines de marzo la quinta Sala de la Corte de Apelaciones en la que se pide el sobreseimiento del ex dictador debido a su deteriorada salud mental, la familia y sus abogados han renovado los argumentos que tuvo en cuenta la justicia inglesa para liberarlo del juicio por extradición a España en consideración de razones humanitarias y distintos padecimientos físicos.

Sin embargo, las leyes chilenas no contemplan esa posibilidad y sólo contemplan la liberación de juicio a los delincuentes afectados de locura, por lo que la defensa pretende un trato privilegiado para su cliente, apelando a derechos constitucionales genéricos sobre el «debido proceso» e invocando una reforma judicial que se aplica experimentalmente en solo dos regiones del país.

En último término, y si todo fracasa, el pinochetismo intentará recurrir al cuestionado informe médico sobre el estado mental según el cual Pinochet padece «demencia» vascular cortical «moderada» lo que le impediría encarar el proceso y defenderse adecuadamente.