EL DEMOLEDOR INFORME DE LA CIDH

Del informe surge una condena sin atenuantes del régimen encabezado por Roberto Micheletti. Una nota de la BBC resume sus rasgos esenciales en estos términos: «El informe destaca la muerte de cuatro personas, varios heridos de armas de fuego, decenas de lesionados y detenidos, cierre de algunos medios de comunicación y agresiones a periodistas, entre otras violaciones de derechos humanos». Textualmente el documento expresa que «se ha creado una situación de ilegitimidad democrática que tiene un impacto negativo sobre la vigencia de los derechos humanos de todos los habitantes» y agrega que las mayores violaciones se produjeron durante las manifestaciones en contra del gobierno interino de Roberto Micheletti mediante detenciones masivas y sin un procedimiento judicial adecuado. La CIDH (que entrevistó a más de un centenar de personas y visitó San Pedro Sula en el norte, Tocoa en el Caribe, Comayagua en el centro y El Paraíso en el oriente fronterizo) asegura que «el uso desproporcionado de la fuerza pública ha producido la muerte de por lo menos cuatro personas y decenas de heridos». Y más adelante: «La Comisión constató la represión ejercida contra las manifestaciones a través de la colocación de retenes militares, la aplicación arbitraria de toques de queda, detenciones de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes (o sea torturas) y malas condiciones de detención».

Un capítulo igualmente contundente está dedicado a lo que se denomina «restricciones a la libertad de expresión». Los representantes de la CIDH pudieron «comprobar la existencia de serias restricciones del ejercicio de la libertad de expresión provenientes del gobierno interino de Roberto Micheletti». Establecen que el control de la información «se ha ejercido a través del cierre de algunos medios de comunicación, la ocupación militar de los mismos, la prohibición de emitir señal de ciertos canales de televisión por cable que informaban sobre el golpe de Estado». Comprueba que también se registraron cortes de energía eléctrica afectando la trasmisión de medios audiovisuales que informaban sobre el golpe de Estado y agresiones y amenazas a periodistas». La relatora especial de libertad de expresión de la CIDH, Catalina Botero, señaló que «hay llamadas permanentemente para evitar que puedan difundir opiniones contrarias al gobierno de facto y al mismo tiempo hay atentados gravísimos y muy violentos a los medios que están en contra del golpe. Existe un ambiente intimidatorio que impide el debate plural sobre lo que está pasando».

El informe preliminar de la CIDH cayó como un balde de agua helada sobre el régimen dictatorial. El vocero de la secretaría de seguridad, Orlin Cerrato, tuvo que poner la cara ante la pantalla y dijo que el informe es «excesivo» (en realidad se queda corto, porque los muertos registrados son ocho), que la Comisión tuvo poco tiempo para investigar y que no hubo «uso excesivo de la fuerza». En ese momento la CNN, que lo estaba entrevistando, mostraba imágenes de la policía apaleando en forma inmisericorde y pateando en el suelo a los manifestantes pro Zelaya. Se le preguntó si había alguna investigación interna sobre los responsables de esos actos y no respondió. Se le pidió que mirara las imágenes de represión que en ese momento se estaban exhibiendo y pretextó que no las podía ver. Un espectáculo lamentable, que muestra a plena luz la catadura moral del régimen.

El informe dice también que las manifestaciones a favor del presidente Manuel Zelaya «se han realizado en forma pacífica, salvo en algunos casos en que se han registrado actos de violencia», mencionando entre ellos ataques a un restaurante y a un ómnibus. En estos casos debe tenerse presente la actividad de provocadores infiltrados en las manifestaciones de carácter eminentemente pacífico, colocados por el alcalde capitalino proclive a los golpistas, que en otros casos han sido descubiertos y sacados como chicharra de un ala.

Ayer se realizaba en Tegucigalpa el gran concierto internacional «Voces contra el golpe» y hoy arriba la Comisión de cancilleres de la OEA junto al secretario general con la misión de promover el restablecimiento del orden democrático en Honduras.