Miles de venezolanos en las calles para apoyar o repudiar nueva ley de educación
Como ocurrió la semana pasada, la manifestación opositora fue de nuevo reprimida y dispersada con bombas lacrimógenas por fuerzas de seguridad, cuando al parecer algunos de sus participantes intentaron romper el cordón policial que les impedía avanzar hacia la sede de la Asamblea Nacional (Parlamento).
El gobierno concedió autorización a una multitudinaria marcha oficialista, que se realizó en paralelo a la de la oposición, para concentrarse en los alrededores del Parlamento, pero estableció que los opositores debían detenerse en un punto más alejado, alegando razones de seguridad.
La ley de educación, aprobada en una única lectura la semana pasada en el Parlamento, es para sus detractores un instrumento de «adoctrinamiento» que otorga poderes «omnipotentes» al Estado. Esta es «una resistencia que se inspira en la Constitución. El pueblo de Venezuela ha respondido. Esta es una verdadera muestra de unidad», declaró el alcalde metropolitano de Caracas, el opositor Antonio Ledezma.
La mayoría de los manifestantes opositores llevaban banderas venezolanas y pancartas que rezaban «Los corruptos no pueden educarnos», «No me caló tu ley cubana» o «Quiero estudiar lo que yo quiera», entre otros. A pocos kilómetros, otra nutrida manifestación se concentró en las cercanías de la Asamblea Nacional para brindar su apoyo a la ley de educación. Miles de partidarios del gobierno, en su mayoría vestidos de rojo, celebraban la aprobación de la ley y lanzaban vítores de apoyo al presidente Hugo Chávez.
«Es una ley que establece un sistema educativo más humano y más solidario (…) El objetivo de la oposición no es la educación, es terminar con Chávez», clamaban portavoces estudiantiles.
«Vengo porque tengo la revolución en las venas. Amo a mi comandante. Aquí está su pueblo, presidente», exclamaba María Marín. Entre el articulado de la ley de educación, promulgada por Chávez el pasado sábado en un acto público, se destaca el establecimiento del concepto del «Estado docente».
Además, se otorga a los consejos comunales (órganos vecinales) funciones para «contribuir en la formación integral de los ciudadanos». «El gobierno quiere controlarlo todo, incluida la mente de nuestros hijos, pero es incapaz de tener una educación pública de calidad», señaló Julio Borges, coordinador del partido opositor Primero Justicia (socialcristiano).
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