"No hay excusas para no extraditar"
El ministro del Interior británico, Jack Straw, se quedo «sin excusas ni paraguas jurídico» para impedir la extradición a España de Augusto Pinochet, ante «la contundencia» de las alegaciones contra el supuesto grave estado de salud del ex dictador chileno, afirmó ayer la coalición Izquierda Unida (IU).
Al hacer tal afirmación, el secretario de Derechos Humanos de Izquierda Unida, Isabelo Herreros, subrayó «la contundencia y unanimidad de las alegaciones al informe médico» británico sobre la salud de Pinochet «que han hecho los cuatro países (España, Francia, Bélgica y Suiza) que piden la extradición del dictador».
Estos cuatro países –añade–«dicen que a la luz de ese informe, Pinochet está perfectamente capacitado para afrontar un juicio», contrariamente a lo afirmado por Straw al anunciar en enero pasado su disposición para liberar al acusado por razones humanitarias, debido a su delicado estado de salud.
Izquierda Unida, una coalición de mayoría comunista, forma parte de la acusación en el proceso contra Pinochet, de 84 años, abierto en 1996 en Madrid por delitos de lesa humanidad.
El juez instructor de este proceso, Baltasar Garzón, consideró en sus alegaciones enviadas a Londres el martes que Pinochet no tiene enfermedades graves que le impidan soportar un juicio, razón por la cual solicitó a las autoridades británicas que practiquen un nuevo examen médico al acusado.
El ministro Straw ha tratado de conseguir un respaldo jurídico a su decisión de liberar a Pinochet, respaldo que «finalmente no está obteniendo», consideró Herreros.
Ante esta falta de respaldo –añadió–, Straw «deberá tomar su decisión, según anunció, de enviar al general a Chile, por las razones que estime convenientes, pero desde luego ya no puede defender la famosa tesis de las razones humanitarias».
Por otra parte, Izquierda Unida valoró positivamente que el Tribunal Supremo de España haya recomendado el miércoles que el juez Garzón agote todas las posibilidades judiciales sobre la extradición solicitada, incluyendo la posibilidad de presentar un recurso judicial, en caso de que el gobierno británico decida finalmente autorizar el regreso a Chile del acusado.
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