LA MISION DE LA CIDH A HONDURAS

El prontuario en la materia es frondoso, y se abulta por la escalada represiva del régimen de facto en los últimos días como respuesta al auge de la lucha popular y a las grandes manifestaciones que desde todo el país convergieron sobre Tegucigalpa y San Pedro Sula. Se han acumulado muertos, heridos y torturados, detenciones por cientos, persecuciones y golpes a mansalva contra los manifestantes (se ha comprobado que los toletes de la policía de choque son de metal), allanamientos sin orden judicial. En Santiago de Chile (donde recibió la plena solidaridad de la presidenta Michelle Bachelet que se sumó a la del presidente Lula unas horas antes), Zelaya declaró ante los manifestantes y los periodistas que «ustedes han conocido la dictadura y sé que la condenan». La verdad es que Micheletti se parece cada vez más a Pinochet.

La misión de la CIDH se extenderá hasta el día 21 y proyecta recorrer el país. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA, que deriva su mandato de la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Está conformada por siete miembros independientes, elegidos por la Asamblea General. La suspensión de Honduras de la OEA, decidida por unanimidad en la Asamblea General Extraordinaria del 4 de julio no la exime de cumplir las obligaciones emanadas de la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por el Estado hondureño en 1977. Así lo estableció expresamente la Asamblea General, al tiempo que instó a la CIDH «a que continúe adoptando todas las medidas necesarias para la tutela y defensa de los DDHH y las libertades fundamentales en Honduras». En una comunicación al Estado hondureño del 5 de agosto la CIDH señala que se le deben conceder a la Comisión todas las facilidades necesarias para llevar a cabo su misión y no tomar represalias de ningún orden contra las personas o entidades que cooperen con ella mediante informaciones o testimonios.

Se anunció además que un grupo de expertos designados por el subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU visitará Honduras a principios de setiembre para analizar la situación en los centros de detención, según expresó el abogado uruguayo Wilder Tayler, miembro del organismo.

Por otro lado, se conoció un informe sobre libertad de expresión en Honduras, redactado por Frank La Rue en nombre de la Relatoría especial sobre libertad de opinión y expresión de la ONU. Allí se consigna que «lo que sucedió en Honduras fue un golpe de estado militar de consecuencias nefastas para el futuro del país»; y en lo que respecta a la libertad de prensa se señala que Radio Progreso fue cerrada por una patrulla militar, que Radio Globo recibió una notificación judicial que por el delito de sedición presentará la Fiscalía Militar , que una amenaza similar llegó al Canal 33 de TV y que «los camarógrafos y fotógrafos que desean documentar los hechos han sido un blanco específico de la agresión policial, sufriendo golpes, la confiscación y/o destrucción de sus cámaras y del material filmado». La conclusión es que «en Honduras no existe libertad de expresión para comentar los hechos ni para criticar a las autoridades de facto ni para condenar al golpe de Estado», que «la situación en materia de DDHH se deteriora progresivamente y que «la estrategia del régimen es ganar tiempo hasta las elecciones».

Una misión sindical internacional de solidaridad con Honduras expresó su respaldo al Frente Nacional de Resistencia y a las centrales sindicales del país y resolvió profundizar la solidaridad de los movimientos sindicales y sociales hasta la restitución del presidente Manuel Zelaya y de la institucionalidad democrática.

En la propia Honduras, los sectores de la educación y los representantes de la cultura militan activamente contra el golpe.

Se destaca el pronunciamiento de Helen Umaña, Premio Nacional de Literatura (1989), que se incorporó a las manifestaciones en San Pedro Sula.

En el plano internacional, se suma el hecho de que el gobierno argentino canceló la invitación al ejército hondureño para la Conferencia de Ejércitos Americanos a realizarse en octubre en Buenos Aires, por su participación en el golpe. Asimismo cesó a la embajadora hondureña en Argentina. El régimen dictatorial y sus personeros no son reconocidos en ninguna parte. El cerco se estrecha en su torno.