Identifican restos óseos de desaparecidos durante la dictadura chilena

Santiago, Reuters

 

Familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar en Chile dijeron ayer que insistirán en juzgar a sus victimarios, luego de que se confirmó que restos óseos hallados en una mina abandonada corresponden, al parecer, a ocho de ellos.

Funcionarios forenses que asesoran al juez Héctor Carreño, designado especialmente por la Corte Suprema, encontraron en enero varias piezas dentales y vertebrales en una mina abandonada en la zona de Cuesta Barriga, unos 70 kilómetros al oeste de Santiago.

Carreño dijo que los restos corresponden al menos a ocho personas, de las cuales se ha identificado a dos: los dirigentes comunistas Horacio Cepeda y Fernando Ortiz.

«Para hacer justicia se requiere investigar, condenar y reparar el daño causado. Haré todas las acciones legales que signifiquen hacer justicia», dijo a Reuters la hija de una de las víctimas, Antonia Cepeda.

Cepeda y Ortiz integraban el liderazgo clandestino del Partido Comunista en 1976, cuando fueron detenidos junto a otros cuatro correligionarios por la temida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de la dictadura del general Augusto Pinochet.

El magistrado tuvo acceso al lugar donde se encontraron los restos, mediante un informe elaborado por militares, que en enero reveló la suerte de 200 detenidos desaparecidos.

De ese total, 150 habrían sido arrojados al mar, ríos y lagos del país y otros 50 habrían sido sepultados en fosas clandestinas.

La divulgación de los datos fue producto de un acuerdo suscrito entre las fuerzas armadas y abogados de derechos humanos, que intentó zanjar las divisiones que imperan aún entre los chilenos por los crímenes perpetrados durante el régimen militar.

Informes oficiales dicen que más de 1.000 detenidos fueron «desaparecidos» por uniformados y aparatos de seguridad de la dictadura que instauró Pinochet de 1973 a 1990.

«El único camino es la verdad y la justicia», dijo la secretaria general del Partido Comunista, Gladys Marín, viuda de uno de los dirigentes presuntamente sepultados junto a Ortiz y Cepeda.

La Corte Suprema nombró a dos jueces especiales para que investiguen el paradero de 26 de las personas cuyos nombres fueron citados en el informe militar y establezcan si fueron sepultadas en fosas comunes.

El anuncio sobre la identificación de los restos óseos se dio a conocer en momentos en que se espera que la Corte de Apelaciones confirme o revoque una orden de procesamiento en contra de Pinochet, de 85 años, acusado de ejecuciones y desapariciones ilegales durante su régimen.