Marchas convergen sobre Tegucigalpa y San Pedro Sula

A más de 40 días del golpe la resistencia no cesa, los paros y manifestaciones se suceden, dos grandes marchas desde todo el territorio convergerán el martes 11 sobre Tegucigalpa y San Pedro Sula y ese día seis cancilleres americanos y el secretario general de la OEA llegarán a Honduras en busca de una solución que incluye el retorno del presidente constitucional Manuel Zelaya. Ayer los hospitales públicos cumplían su cuarto día de paro, a pesar de las epidemias de gripe A/H1N1 que puso en entredicho incluso el partido entre las selecciones de Honduras y Costa Rica por las eliminatorias del Mundial.

Los maestros completan una semana más sin labores y las escuelas privadas se suman al paro de las públicas para exigir la restitución del presidente Zelaya, según una crónica local, la cual agrega que los cuatro aeropuertos del país cierran porque 95 técnicos se suman a la resistencia y la aerolínea TACA anuncia la suspensión de sus vuelos nacionales e internacionales. «Hemos ido a un paro indefinido exigiendo el restablecimientos del sistema democrático» señala Ramón García, dirigente de la Asociación Nacional de Meteorólogos. Los taxistas se unen a la protesta: son 7 mil en la capital y 19 mil en todo el país. Ministros del régimen depuesto participan en las manifestaciones: tal el caso de Freddy Cerrato, de Comercio e Industrias, y de Arcadia Gómez, responsable de las relaciones con el movimiento social, mientras la canciller Patricia Rodas y el ministro de la presidencia Enrique Flores Lanza acompañan al presidente (que después de México regresó a Managua y tiene Brasilia como próximo destino).

A esa altura una marcha de unas 5 mil personas arribaba al campus de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) donde dos días antes la policía y el ejército arremetieron con gases lacrimógenos y carros lanzaagua contra los estudiantes que manifestaban contra el golpe y agredieron brutalmente, arrojándola al suelo, a la rectora Julieta Castellanos. Hechos de esta naturaleza no habían ocurrido ni siquiera bajo el liderazgo militar de Gustavo Álvarez Martínez. Las autoridades de la UNAH difundieron un exhaustivo documento que detalla todos los episodios represivos y la violación de la autonomía universitaria y concluye con un llamado «a las universidades, académicos, intelectuales y organizaciones sociales a condenar la violación de la autonomía universitaria por la fuerzas policiales y a demandar al gobierno actual el cese de la represión de la protesta social y el respeto a las garantías individuales». Es un llamado que no puede ser desoído. Por otra parte, se indica que en esas manifestaciones se produce una conjunción natural de distintas fuerzas políticas y sociales, unidas por el rechazo al golpe y el reclamo del retorno de Zelaya.

Otro tanto ocurre con las dos grandes manifestaciones que ya se iniciaron, desde todos los puntos del territorio, que han fijado un itinerario de marcha de 15 a 20 kilómetros diarios, que van engrosando a su paso por pueblos y ciudades y recogen la solidaridad de los pobladores, planeando desembocar en Tegucigalpa, por una parte, y en Pedro Sula, en el norte, por otra, el martes 11 (véase la nota del día 6, «El rayo que no cesa»). La organización Vía Campesina, integrante del Frente Nacional de Resistencia contra el golpe ha proclamado el 11 de agosto como «Día de Acción Global por Honduras», en coincidencia con las manifestaciones en el país, y exhorta a desplegar ese día la solidaridad más amplia, llevando a cabo movilizaciones, actos políticos y culturales, acciones de presión y cualquier actividad que ayude al avance de la lucha popular en la derrota del golpe militar. Desde múltiples ángulos se ha denunciado ante el mundo la violación sistemática de los derechos humanos en Honduras, que se tradujo en por lo menos ocho muertes, cientos de heridos y encarcelados, cierre de Radio Globo y ataque a los medios de expresión independientes, represión a mansalva.

Dichas violaciones están documentadas con toda precisión en un memorando del 7 de agosto de la Misión internacional de observación de los Derechos Humanos en Honduras y está firmado por 19 organizaciones de América y Europa.