El fantasma de la dictadura pesa sobre nuevo ministro de Defensa

Buenos Aires, AFP

El nuevo ministro argentino de Defensa, Horacio Jaunarena, deberá lidiar con los fantasmas de la pasada dictadura (1976-1983), a raíz de un pedido preventivo de habeas data de 700 oficiales de las Fuerzas Armadas, aunque el jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, le dio una calurosa bienvenida.

«Estamos satisfechos. El doctor Jaunarena es un hombre que ha tenido una larga experiencia en el área de Defensa. Conocemos su trayectoria y honorabilidad. Creemos que va a ser un excelente sucesor de quien también realizara una gestión sobresaliente», dijo Brinzoni a Radio América.

Jaunarena (57 años) había sido ministro de Defensa del gobierno radical socialdemócrata del ex presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) y vuelve a la cartera al dejar la secretaría presidencial, en un enroque con Ricardo López Murphy, nombrado ministro de Economía.

Pero el horizonte de Jaunarena no aparece despejado tras la solicitud planteada por Brinzoni y sus camaradas de armas para saber si las entidades humanitarias los tienen en sus archivos como responsables de violaciones a los derechos humanos.

El recurso de habeas data tendría el objetivo de salir al paso de una eventual decisión del juez federal Gabriel Cavallo de anular las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, cuyo efecto sería la reanudación de los juicios por la represión ilegal en la última dictadura (1976-1983). Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron dictadas para poner fin a los juicios por la represión ilegal, iniciados contra unos 1.200 militares del régimen que dejó 30.000 desaparecidos, 11.000 de los cuales están denunciados en el informe oficial ‘Nunca Más’. Las dos normas que pusieron punto final a los enjuiciamientos fueron el preludio de los indultos dictados por el ex presidente peronista Carlos Menem (1989-1999) que dieron la libertad a los ex comandantes dictatoriales, condenados a prisión perpetua por un tribunal civil en 1985.

Ambas leyes están derogadas por el Congreso, es decir que no se pueden aplicar en adelante para amparar ilícitos, pero si el juez Cavallo las anula se podrán replantear las acusaciones contra los militares.

Por lo pronto, Brinzoni dijo este lunes a Radio América que el sentido del reclamo es «reducir la incertidumbre en la fuerza (terrestre) cada vez que llega la época de ascensos. La experiencia de los últimos dos años es que algunos organismos acusan, distribuyen información que es irreal, anónima y falsa».

En reacción a la solicitud militar, el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, defensor de derechos humanos), Horacio Verbitsky, dijo a la prensa que la entidad «va a responder».

Pero Verbitsky aclaró que «el ritmo no lo van a marcar ellos (los militares). Después de haberse tomado 25 años de silencio, sin contestar por los delitos cometidos, no pueden pretender que en 10 días les demos todo lo que tenemos».

La Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo también reaccionó con un documento en el que se afirmó que el pedido «es una vergüenza», en tanto la subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno, Diana Conti, dijo que «no corresponde el requerimiento».

A la luz de estas afirmaciones, Jaunarena deberá conservar un delicado equilibrio al frente de la cartera de Defensa. En su gestión anterior como titular de ese ministerio, atravesó por duras experiencias, como las dos rebeliones de ‘carapintadas’ lideradas por el ex teniente coronel Aldo Rico, en 1987, y una tercera por el aún detenido ex coronel Mohamed Alí Seineldín, en 1988.

Para colmo, también encabezaba la cartera cuando el Movimiento Todos por la Patria (MTP, ultraizquierda), falló en su intento por copar el cuartel militar de La Tablada (periferia de Buenos Aires), con saldo de 39 muertos, un centenar de heridos y tres desaparecidos, en 1989.