Crisis. Unas 300 empresas colombianas podrían ser expropiadas por Venezuela

Bogotá pide explicaciones a Caracas por lanzacohetes

El Ejecutivo colombiano emitió un comunicado en el que lamentó que Caracas «no ha dado respuesta alguna» a algunos pedidos de aclaraciones, pese a la «permanente y reiterada disposición de diálogo» de Bogotá.

El texto de la Casa de Nariño ­sede del gobierno colombiano­ parece una reacción al nuevo cruce bilateral, que llevó al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a congelar las relaciones y decidir el retorno de su embajador en Bogotá.

Según el pronunciamiento de las autoridades colombianas, tropas militares encontraron lanzacohetes en octubre de 2008 en un campamento de las FARC y, al revisar los números de serie, se concluyó que el material había sido fabricado en Suecia y vendido a Venezuela.

Bogotá informó que el canciller Jaime Bermúdez le entregó el 2 de junio a su par venezolano, Nicolás Maduro, en una reunión reservada, un documento en el que dos miembros de las FARC «mencionan la colaboración por parte de tres altos funcionarios del gobierno venezolano en la entrega de lanzacohetes de características similares a los que posteriormente fueron incautados por la fuerza pública colombiana».

«El gobierno de Colombia entregó dicha información de manera discreta, con el propósito de obtener una aclaración por parte de Venezuela; a la fecha, Venezuela no ha dado respuesta alguna a pesar de nuestra permanente y reiterada disposición de diálogo», expresa el comunicado.

Por otra parte, representantes diplomáticos de Suecia en Colombia también recordaron que su país le solicitó al gobierno venezolano que explique cómo fueron a parar esas armas a la guerrilla, ya que ese país europeo vende los insumos militares con destino final, que en este caso era el gobierno de Caracas.

El titular de la Cámara Venezolana-Colombiana de Comercio (Cavecol), Daniel Montealegre, expresó la «preocupación» del sector y advirtió que «es el pueblo el que va a pagar las consecuencias» del conflicto diplomático.

Montealegre advirtió que la medida afectará a «miles» de empleos en una frontera sumamente poblada que vive del intercambio entre los dos países, y estimó que será «bastante difícil» reconstruir una confianza entre empresas de los dos países «hacia el futuro», debido a las continuas tensiones.

Por su parte, el presidente de la central patronal Fedecámaras, del fronterizo estado venezolano Táchira, José Rozo, sostuvo que las 285 pequeñas empresas aduaneras, almacenadoras y de carga que operan en la zona «se ven afectadas por las tensas relaciones».

«Los roces entre Caracas y Bogotá lamentablemente golpean a los habitantes de los estados fronterizos, sobre todo al estado Táchira, con la disminución de la actividad de importación y exportación», declaró Rozo a la prensa local.

Según las cifras de Cavecol, citadas por los medios de comunicación, el intercambio comercial del primer semestre cerró en 2.900 millones dólares, con una caída de 50 por ciento en las exportaciones venezolanas y 10 por ciento en las colombianas.

Unos 150.000 empleos se perderían en ambas naciones si el comercio bilateral no continúa. El presidente Chávez no descartó, además, la eventual nacionalización de empresas colombianos en su país. Unas 300 empresa colombianas que operan en Venezuela se verían perjudicas si Chávez sigue adelante con sus anuncios.

Tras el nuevo capítulo de tensión, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, hizo «un llamado al diálogo para que se resuelva con espíritu de conciliación y en ningún caso tomar medidas que afectarían a mucha gente». El gobierno de Brasil, por su parte, se ofreció para mediar entre ambos gobiernos.

El ex presidente colombiano y secretario general de la OEA, César Gaviria, afirmó que se deben cerrar filas en torno al presidente Uribe, pero se mostró partidario de una facilitación del gobierno de Brasil en el conflicto. Gaviria también reconoció que su país debe explicar el acuerdo con Estados Unidos para el uso de las bases en territorio colombiano, como forma de tranquilizar a sus vecinos.

En las últimas horas ya se empezaron a sentir los efectos de este nuevo episodio en las conflictivas relaciones. El consulado en Bogotá cerró sus puertas, el peso colombiano se devaluó y la tensión en la frontera aumentó por los fuertes controles de los efectivos militares venezolanos, según reportaron las cadenas de la televisión colombiana.

Desde Costa Rica, el presidente Alvaro Uribe recordó que ya había comunicado hacía meses al gobierno venezolano el hallazgo de lanzamisiles y que aún no ha recibido respuesta. Este hecho, unido al nuevo acuerdo de cooperación militar entre Estados Unidos y Colombia, que permitirá una mayor presencia militar en Colombia ­y que debería ser el empujón final que permita la aprobación del TLC en el Congreso estadounidense­, fue el detonante de la cuarta crisis grave.

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