Países sudamericanos exigen restitución del presidente hondureño Manuel Zelaya

Al mismo tiempo, requerido por medios internacionales el usurpador Roberto Micheletti mintió en forma descarada al pretender negar las medidas represivas y la conculcación de las libertades públicas en que incurre el gobierno de facto contra los amplios sectores del pueblo hondureño que reclaman en las calles el retorno del presidente Zelaya al cargo para el cual fue electo hasta el fin de su mandato. Una gran masa de pueblo, encabezada por la esposa y la hija del presidente, se dirigía el viernes rumbo a la frontera con Nicaragua y fueron detenidos a su paso por varios retenes militares. Contra grupos de manifestantes que pretendían pasar se lanzaron gases lacrimógenos en profusión y se registraron también varios disparos, tal cual lo vimos en imágenes de Telesur. Algunos grupos lograron sortear estos obstáculos y dando un rodeo llegaron a destino para fundirse en un abrazo con el presidente, que estaba unos metros dentro de territorio hondureño, recibiendo desde su celular llamadas de solidaridad desde todo el mundo, y en particular de los mandatarios del Mercosur reunidos en Asunción.

Ese día en Tegucigalpa y otras ciudades se efectuaba un paro de los trabajadores decidido por sus centrales sindicales, paralización en los hospitales (resguardando los servicios de urgencia) así como detención de actividades de los educadores. Un informe elaborado por una misión de 15 miembros integrantes, entre otros organismos, de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ, de nuestro país, donde actuaba Perico Pérez Aguirre) documentó las brutales violaciones de derechos humanos perpetrados desde el golpe de estado del 28 de junio. En un informe exhaustivo de 49 páginas se mencionan otros tres asesinatos políticos sumados al del joven Isis Obed Murillo, al que le volaron la cabeza en el aeropuerto de Toncontin el 5 de julio y cuyo padre sigue encarcelado. Son los del dirigente sindical Roger Iván Bados, el periodista Gabriel Fino Noriega y el político izquierdista Ramón García. Entre las «violaciones graves y sistemáticas de los DDHH» el informe señala (además de la extensión del toque de queda en la zona fronteriza) «ejecuciones extrajudiciales, centenares de detenciones arbitrarias, múltiples amenazas, cercenamiento de la libertad de expresión e información».

Este último aspecto cubre un capítulo especial, con datos a montones, que revelan como se han cortado todas las emisoras y medios que se hacían eco de la lucha popular por el retorno de Zelaya. Esto es lo que pretendió negar Micheletti en la noche del viernes, cuando el informe señala que «hemos constatado el asalto a diversos locales de medios de comunicación y amenazas de muerte contra periodistas, el bloqueo de sus trasmisiones o la interceptación telefónica y bloqueo de su acceso a Internet.

En la reunión del Mercosur el viernes en Asunción la condena al golpe en Honduras y el reclamo de la restitución de Zelaya fue exigida por los representantes de los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y los de Bolivia, Chile, Venezuela, Colombia y México. En su discurso inaugural, Fernando Lugo dijo que «el caso de Honduras es una herida que sangra en la democracia regional». Cristina Fernández señaló que «sin estridencias, pero con certeza no podemos tolerar la decisión de destituir a un gobierno democrático como el Zelaya». Lula da Silva expresó que «damos la condena más enérgica al retroceso institucional en Honduras y eso no lo podemos tolerar». Para Michelle Bachelet, «lo único que podemos aceptar es que Zelaya recupere su cargo». Tabaré Vázquez dijo: «Exigimos la pronta restitución de Zelaya a su cargo». En el mismo sentido se pronunció Evo Morales y el representante de Chávez, el vicepresidente Ramón Alonso Carrizales. El canciller colombiano Jaime Bermúdez manifestó que «Colombia rechaza el golpe de estado en Honduras, desde el primer día». La canciller de México, Patricia Espinosa, señaló que su país «también condena el golpe de estado en Honduras». No hubo una sola voz disonante.

Por su importancia trascribimos la Declaración fechada en Asunción el 24 de julio:

«Los estados parte del Mercosur y estados asociados reiteran su más enérgica condena al golpe de Estado en contra del Gobierno constitucional de Honduras y a la detención arbitraria y expulsión del país del Presidente Constitucional José Manuel Zelaya Rosales que produjo la alteración constitucional del orden democrático».

«Reafirman que no reconocerán a ningún gobierno que surja de esta ruptura inconstitucional; que no aceptan como válidos actos unilaterales emanados de las autoridades ilegítimas hondureñas, incluyendo el llamado a elecciones y que el Gobierno constitucional y legítimo del Estado de Honduras es el encabezado por el presidente José Manuel Zelaya Rosales, cuya integridad física y la de todos lo miembros de su gobierno resulta fundamental preservar».

«Expresan su apoyo y solidaridad al pueblo hondureño y destacan el rol protagónico que el mismo tiene para el restablecimiento del estado de derecho y la restauración de la democracia».

«Manifiestan su firme respaldo a los esfuerzos regionales desplegados de conformidad con el Capítulo VIII de la Carta de la Organización de Naciones Unidas encaminadas a resolver y a encontrar una solución pacífica y democrática a la crisis política en Honduras y exigen la restauración inmediata, segura e incondicional a sus funciones constitucionales del presidente José Manuel Zelaya Rosales, electo por la soberanía popular a través de las urnas».

En los puntos siguientes: se agradecen al presidente Oscar Arias sus gestiones para encontrar una salida pacífica; se valoran las gestiones de la OEA y de su secretario general en ese sentido; se solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que continúe adoptando todas las medidas necesarias para la tutela de los DDHH y las libertades fundamentales en Honduras; por último anuncian que promoverán una resolución de la OEA afirmando que la suspensión de Honduras de su seno se considerará superada una vez que se hayan cumplido las resoluciones adoptadas en la Asamblea General del organismo, y no podrán basarse en actos unilaterales de las autoridades ilegítimas.