DESPARPAJO FASCISTA

La primera propuesta mediadora de 7 puntos fue rechazada de plano por el sector golpista porque incluía (como no podía ser de otra manera) el regreso de Manuel Zelaya a la presidencia y le fijaba fecha: el día de hoy, 24 de julio. El pedido de prórroga de 72 horas solicitado por Arias fue aceptado por Zelaya en demostración de buena fe en la búsqueda de una solución pacífica. Lo mismo hizo la OEA a pedido expreso de la delegación de Costa Rica, en una nueva sesión de su Consejo Permanente, que se mantuvo con firmeza en su posición de rechazo al golpe. La nueva propuesta de 12 puntos incorporaba otros aspectos, con el propósito manifiesto de «revertir un golpe de estado por voluntad de los sectores involucrados», como se dijo, pero desde luego mantenía el retorno del presidente constitucional y lo incluía en un cronograma de actividades, para la misma fecha del 24 de julio, unido a otros puntos (gobierno de reconciliación nacional, amnistía para todos los delitos vinculados al golpe, etc.). Tampoco se aceptó. El vocero dijo que consultaría a las autoridades de su país (que son las mismas que dieron el golpe), pero no se supo más nada. Apareció en la pantalla el fiscal general quien dijo que no habría amnistía de ninguna manera (claro que no se refería a los que habían perpetrado el crimen mayor del golpe, sino a quien lo había padecido en carne propia y a quien le atribuía diversos delitos).

Al respecto cabe precisar que Zelaya nunca fue inculpado de delito alguno mientras ejerció la presidencia, y le inventaron los delitos después de que lo secuestraran y lo sacaran fuera del país.

Sobre este punto fueron inauditas las declaraciones del presunto «canciller» (de facto y por carambola) Carlos López, a quien Patricia Janiot calificó una y otra vez como canciller en una entrevista de CNN. Ante una pregunta sobre el tema clave respondió impávido que «en vista de que Zelaya se fue (con esas palabras) como ciudadano, no puede volver como presidente». De esa burda manera pretendía encubrir el golpe de estado. Previamente, la había emprendido en bloque contra los cancilleres de la OEA, que por unanimidad y sin fisuras condenaron el golpe, hablando de la «negligencia culposa» del organismo interamericano, y también englobó en su diatriba a la opinión pública mundial y a sus órganos, haciendo referencia al «chantaje de la comunidad internacional», lo que no hacía más que subrayar el aislamiento absoluto y la orfandad de los golpistas.

Pero hay más. Ese señor López marchó en busca de un paralelo en la historia de América Latina, y creyó encontrarlo en el episodio que derivó en la salida de Lucio Gutiérrez de la presidencia de Ecuador. Para ello olvidó diferencias sustanciales. En primer lugar, a Lucio Gutiérrez no lo sacó del Palacio de Carondelet un golpe de estado militar, sino una gran manifestación popular que reclamaba su renuncia. En segundo término, no lo sacaron del país, sino que se asiló en la embajada de una nación latinoamericana (Brasil, en el caso) y posteriormente regresó a la lucha política con su partido Sociedad Patriótica, como lo está actualmente. En cambio, a Manuel Zelaya lo secuestraron con violencia, asaltaron su residencia con fuego de ametralladoras, saquearon su casa, hicieron correr gravísimo riesgo a su hija Pichu (que hoy participa junto a su madre en las manifestaciones) y se lo llevaron en avión a Costa Rica. Y ahora el régimen de facto reprime las manifestaciones, asesinó al joven Isis Obey Murillo y mantiene encarcelado a su padre porque protestó por el crimen, liquidó las libertades públicas, persiste en el toque de queda, envía grupos de choque contra las demostraciones que se suceden en todo el país. Pequeñas diferencias.

En entrevistas efectuadas ayer desde todas partes a Nicaragua, donde está actualmente, Zelaya declaró que su intención es volver a Honduras para compartir la suerte de su pueblo, que proyecta acercarse a la zona fronteriza y que responsabiliza por adelantado de cualquier derramamiento de sangre al jefe militar golpista general Romeo Vásquez Velásquez.