ACENTUAR LA PRESI0N

Al mismo tiempo, organismos internacionales de Derechos Humanos que ingresaron a Honduras para conocer las violaciones a los derechos humanos anunciaron que preparan demandas ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) con sede en La Haya, Holanda, contra los actos violatorios perpetrados por el gobierno de facto instalado tras el golpe del 28 de junio. Se analiza la posibilidad de que la Audiencia Nacional de España, a cargo del juez Baltasar Garzón (el mismo que ordenó la captura de Pinochet, quien estuvo preso 503 días en Londres) interponga la demanda internacional para llevar ante la justicia a los responsables de más de mil violaciones a los DDHH, incluidos varios asesinatos. Las organizaciones de DDHH presentes en Honduras son, entre otras, la Federación Internacional de DDHH (FIDH), la Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México, FIAN Internacional, organizaciones de Colombia, Austria, El Salvador, Perú, España así como el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) de Uruguay.

En Bruselas, la comisaria de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Benita Ferrero-Waldner, anunció que la UE congelaba 65,5 millones de euros de ayuda presupuestaria a Honduras ­la que va directamente a las arcas del Estado- hasta que se produzca el retorno a la institucionalidad democrática. Dicho crédito es parte de una ayuda por 223 millones de euros hasta 2013. Esto es lo que había anunciado el delegado español en nombre de la Unión Europea en la reunión de la OEA el lunes en Washington. En la misma reunión, el delegado boliviano reclamó aumentar las medidas de presión sobre el régimen de facto, incluso en materia de intercambios comerciales y de representación diplomática (véase nuestra nota de ayer «La próxima etapa en Honduras»).

La secretaria de Estado Hillary Clinton formuló lo que ha sido calificada como «una advertencia a Micheletti», apenas se conoció el rechazo frontal del régimen de facto a los siete puntos de la propuesta del presidente Arias. El vocero del Departamento de Estado, Philip Crowley, dijo que ello podría derivar en «un impacto significativo en términos de ayuda y eventuales consecuencias a largo plazo en las relaciones» entre ambos países. El mismo definió la posición de Estados Unidos en estos términos: «Estamos comprometidos con un retorno a un orden democrático y constitucional. Queremos ver que el presidente Zelaya finalice su período. Queremos ver que Honduras siga adelante con nuevas elecciones y poner en su lugar a un nuevo gobierno que el pueblo apoye y verá como legítimo».

Al mismo tiempo se producen nuevos movimientos en el tablero. Los cancilleres centroamericanos se reunían ayer martes en San José de Costa Rica para analizar la crisis política en Honduras y sus repercusiones en la región. En tanto, en Panamá se reunía el canciller de Costa Rica, Bruno Stagno, con miembros de la delegación del gobierno de facto. Se anuncia que Arias convocaría a ambas partes para hoy. En referencia al rechazo de la fórmula mediadora por parte de los golpistas, Zelaya declaró: «Ya se quitaron la máscara y el mundo entero pudo ver cómo esa élite voraz e intransigente que se ha impuesto por las armas sigue burlándose del pueblo hondureño y de la comunidad internacional».

En Honduras se inició la cuarta semana de movilizaciones, bajo la conducción colegiada del Frente Nacional contra el Golpe de Estado (Copinh). Para ayer se anunciaba un plantón ante el Congreso Nacional y jornadas de movilización autónoma en los departamentos. Las tres confederaciones campesinas, junto al Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario, se suman a estas demostraciones y organizan acciones conjuntas. Allegados al presidente Zelaya, como el dirigente del Partido Liberal Carlos Eduardo Reyna (hijo del embajador hondureño ante la ONU, Jorge Arturo Reyna, que es el único reconocido) anuncia que Zelaya regresaría el viernes 24 y que «estamos convocando al pueblo hondureño a organizarse para preparar una apoteósica bienvenida al presidente».