DOS POSICIONES ANTE LA MEDIACION

La representante del gobierno legítimo (acompañada por delegados de los movimientos sociales que dirigen la movilización en el interior del país, como Rafael Alegría, líder nacional de Vía Campesina) habló con gran energía y fuerza de convicción, dirigiéndose no solo al pueblo hondureño que seguía en pie de lucha, sino a toda América y al mundo. Expresó que quienes integran el gobierno constitucional aceptan como punto de partida la fórmula de siete puntos del presidente Arias, a quien agradeció sus gestiones, y que ello comienza por la aprobación del primer punto, que debe precisar el día y la hora en que Manuel Zelaya retornará a su país. Adelantó que Arias había propuesto la fecha del viernes 24 de julio. Recordó que los organismos internacionales, como la ONU y la OEA, se habían pronunciado por unanimidad en ese sentido. Luego señaló que su pueblo estaba siendo víctima de la represión por parte de los golpistas, a pesar de lo cual no cejaba en sus movilizaciones.

Pocas horas antes veíamos en manifestaciones en el centro de Tegucigalpa a la esposa del mandatario, Xiomara Castro, y a su hija del mismo nombre, dirigiéndose a la multitud y exaltando el contenido de su lucha por la recuperación de la democracia. En el mismo sentido, la vicecanciller Moncada decía en Costa Rica que era factible alcanzar éxito en la empresa asumida, y que los golpistas (dicho y reiterado en su cara, con todas las letras) debían entender que el tiempo de los golpes de Estado había pasado en América Latina y que no se pueden repetir, reiterando al final la fecha del 24 de julio para el retorno de Zelaya. Retorno absolutamente pacífico, como lo han sido todas las manifestaciones de estos días a lo extenso del país.

El contraste con las palabras de Carlos López en nombre del gobierno de facto no podía ser más aleccionador. Recordemos que el usurpador Micheletti lo nombró para el cargo después de que tuvo que echar a su antecesor, Enrique Ortez Colindres, quien había dicho que Obama era «un negrito que no sabe dónde queda Tegucigalpa»; después lo nombraron para otro cargo del cual también lo expulsaron. Carlos López declaró que opinaba «todo lo contrario de lo que había manifestado la abogada doctora Rixi Moncada». Cuando dijo que Micheletti era «presidente constitucional» ni él mismo parecía creerlo. Reclamó más tiempo para analizar la propuesta, y agregó que al respecto debían pronunciarse el Congreso (del cual de hecho expulsaron a los integrantes del partido de Unificación Democrática, que apoyan a Zelaya) y a la Corte de Justicia (cuya presidenta estaba en su delegación). A esa hora AP estaba trasmitiendo que según la vicecanciller de facto Martha Lorena Alvarado, integrante de la delegación respectiva, el primer punto de la fórmula de Arias era «imposible» y el segundo también.

En síntesis: desde la parte legítima tenemos una aceptación en general de la fórmula, con énfasis en el punto esencial del retorno de Zelaya, y del lado golpista existe un rechazo «in tótum» y la postergación sistemática de una solución, buscando enquistarse en su poder ilegítimo. A la vez, han quedado más desenmascarados que nunca ante la opinión pública internacional.

Conviene repasar a esta altura los 7 puntos de la propuesta del presidente Arias, que ameritan esta síntesis: 1. legitimar la restitución de Manuel Zelaya en la presidencia hasta el fin del período por el cual fue electo (10 de enero 2010); 2. conformación de un gobierno de unidad y reconciliación nacional compuesto por representantes de los principales partidos; 3. amnistía general, exclusivamente para todos los delitos vinculados al golpe de estado; 4. adelantamiento de las elecciones nacionales del 29 de noviembre al 25 de octubre; 5. renuncia de Zelaya a colocar la 4ª urna; 6. traslado del comando de las Fuerzas Armadas y del Poder Ejecutivo al Tribunal Supremo Electoral un mes antes de las elecciones; 7. integración de una Comisión de Verificación compuesta por hondureños notables y miembros de organismos internacionales, especialmente la OEA, «que vigile el cumplimiento de estos acuerdos y supervise el correcto retorno al orden constitucional».