Una reforma migratoria integral beneficiará la economía de EEUU

Inmerso en la actual crisis financiera, en las guerras en Irak y Afganistán y en el conflicto de Medio Oriente, el gobierno del presidente estadounidense, Barack Obama, volvió a poner la reforma migratoria en la agenda tras una reciente reunión bipartidista con líderes del Congreso, en donde se analizó una eventual reforma migratoria que podría beneficiar a millones de inmigrantes indocumentados que viven en esa nación.

Sin duda hubo problemas de agenda para que el presidente no se ocupara antes del asunto, pero también es cierto que las divergencias en este tema atraviesan a demócratas y republicanos y conspiran contra la resolución del espinoso tema. No todos los legisladores demócratas comparten las promesas de Obama durante su campaña, para incluir dentro del sistema a los llamados ilegales o indocumentados, y menos aún entre los republicanos.

El presidente de los EEUU debe sacar la reforma migratoria del estancamiento y lo debe hacer pronto. Lo necesitan millones de afectados y también la economía de su país, así como las innumerables familias que viven de las remesas que llegan desde el norte, explican expertos.

Durante su campaña electoral, Obama siempre insistió en que cualquier reforma migratoria que aborde el Congreso debería incluir una vía para la legalización de los inmigrantes indocumentados, siempre y cuando éstos cumplan con una serie de requisitos.

El presidente prometió que durante el primer año de mandato enviaría al Congreso un proyecto para solucionar la situación de los hombres, mujeres y familias que llevan tiempo en el país, pagan impuestos, no tienen problemas con la justicia y hablan inglés, entre otras exigencias, que estarían planteadas en un futuro proyecto.

Obama también cree que no se puede tolerar una situación en la cual la gente llega a los EEUU violando la ley. El jefe de la Casa Blanca apoya reforzar la vigilancia en las fronteras y la aplicación de la Ley, de manera que se castigue a los empleadores que contratan a ilegales como forma de pagar menos salarios y prestaciones, evadiendo paralelamente los impuestos.

Se calcula que en EEUU hay 12 millones de indocumentados. Unos 8 millones son latinos, y de éstos unos seis millones son de origen mexicano. La nueva ley, para ser aprobada, deberá contar forzosamente con los votos de demócratas y republicanos. Es probable que no todos de los 59 representantes que tiene el oficialismo respalden una reforma amplia. El portavoz de Obama, Robert Gibbs, admitió que aún no cuentan con los votos para aprobar la reforma en el Congreso.

En el caso de que los demócratas pierdan apoyos, como se cree, los deja con sólo 48 legisladores para votar afirmativamente. Por eso, son vitales los votos de unos 12 republicanos. De lo contrario la iniciativa bipartidista naufragaría, como ya ha sucedido antes.

Las organizaciones pro inmigrantes en EEUU lo saben y tienen como meta conseguir 279 votos en el Congreso. Los 218 en la Cámara de Representantes y 60 en el Senado, más el voto del Presidente, son los números clave para que la reforma migratoria sea aprobada y puesta en vigor.

Una encuesta realizada en mayo de este año por el Pew Research Center revela que 63 por ciento de los votantes estadounidenses, entre ellos 50 por ciento de republicanos, apoya una vía para que los indocumentados que ya están en EEUU obtengan su residencia legal.

Las conversaciones entre Obama y el grupo bipartidista forman parte de un complejo plan que la Casa Blanca anunció a inicios de abril, cuando se conoció que el propio presidente convocaría a una reunión de expertos, y que confiaba que para finales de noviembre el Congreso recibiría un proyecto de reforma.

El presidente abrió el trabajo para la redacción del proyecto, con una reunión en la Casa Blanca con 30 legisladores, entre ellos los líderes de las bancadas en las dos cámaras, los senadores Reid y McConnell, y los congresistas Hoyer y Boehner, además de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes. También participó el senador John McCain y ex candidato presidencial republicano, que en varias ocasiones ha manifestado su respaldo a un plan de reforma amplio que incluya una vía de legalización.

La Casa Blanca ha reiterado que la idea es trabajar en un debate intenso este año, que incluiría la participación de expertos en el tema, dirigentes de organizaciones nacionales que abogan por los derechos civiles y de los inmigrantes, abogados, académicos, sindicatos y religiosos.

La reforma migratoria se debatió en el Congreso en 2006 y 2007, pero en ambas ocasiones no fue posible aprobar los proyectos de ley bipartidistas que se presentaron.

Los activistas latinos culpan fundamentalmente a los republicanos del fracaso en esos años, aun cuando figuras importantes, como el senador y ex candidato presidencial McCain, y los también senadores Martínez y Graham y el entonces presidente George W. Bush hicieron fuertes campañas a favor de la reforma.

Tras el fracaso de los últimos debates en el Congreso, el gobierno federal activó masivas redadas de inmigrantes. En el año fiscal 2008 el departamento de Seguridad Nacional dijo haber deportado a casi 350.000 indocumentados, un 20 por ciento más que los expulsados en el año fiscal 2007.

Los arrestos de indocumentados en la frontera mexicana disminuyeron un 27 por ciento durante el año 2009, y ahora están en sus niveles más bajos desde la década de los 70, coincidiendo con la crisis económica que vive Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses ya reportan que actualmente hay más mexicanos que salen de los Estados Unidos, que los que están ingresando a ese país, debido a las dificultades económicas que atraviesa la sociedad estadounidense

Si la Casa Blanca y el Congreso logran la legalización de unos 12 millones de indocumentados en Estados Unidos, esto resultaría en un estímulo económico de entre 30.000 y 36.000 millones de dólares en ingresos personales; entre 4.500 y 5.400 millones de dólares en ingresos tributarios netos; y en la creación de entre 750.000 y 900.000 nuevos trabajos, según indica un estudio de Raúl Hinojosa-Ojeda, director ejecutivo del Centro de Desarrollo e Integración de Norteamérica de la Universidad de California en Los Angeles.

El informe también recuerda la situación que se generó en los años posteriores a la promulgación por el presidente republicano Ronald Reagan, de la Ley de Reforma y Control de Inmigración (IRCA) de 1986. En la oportunidad, casi 3 millones de inmigrantes solicitaron su residencia legal mediante esa Ley. Más de 2.5 millones eran latinos, y de éstos 2.3 millones mexicanos, según el desaparecido Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos.

En consecuencia, con la regularización de indocumentados se obtuvieron mayores ingresos para los trabajadores legalizados, mayor consumo que benefició a la economía, y mayores impuestos al fisco en medio de la recesión de fines de los ochenta y principios de los noventa.

El propio Departamento del Trabajo estadounidense analizó las características de los trabajadores legalizados cinco años después de IRCA y reportó un alza de 15 por ciento en los ingresos medios de estos trabajadores. En definitiva se fortaleció la productividad y el consumo aún en el periodo de 1988 a 1992 cuando el desempleo aumentó de 5.3 por ciento a 7.5 por ciento. Por ejemplo, hoy los trabajadores mexicanos aportan el 3.7 por ciento del producto interno bruto (PIB) estadounidense, una generación de riqueza equivalente a 57.7 por ciento del valor total de la producción de bienes y servicios de la economía mexicana en un año, según estimaciones del Grupo Financiero BBVA-Bancomer.

Hoy hay en EEUU 47 millones de latinos con un poder adquisitivo que supera los 900 mil millones de dólares al año, pero uno ocho millones de ellos son ilegales. La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) concluyó que aprobar el plan de reforma migratoria amplia de 2006 le habría supuesto a
l fisco 66.000 millones de dólares en nuevos ingresos en un lapso de diez años.

La National Foundation for American Policy calcula que los nuevos inmigrantes legales proveerían un beneficio neto de 407.000 millones de dólares al sistema del Seguro Social por 50 años. Mientras que un estudio del Center for American Progress, estimó que tratar de deportar a 10 millones de indocumentados costaría cuando menos 206.000 millones de dólares por cinco años.

Más allá del derecho que le asiste a millones de indocumentados, que desean incorporarse plenamente a la sociedad tras haberse afincado definitivamente en suelo estadounidense desde hace largo tiempo, hay consideraciones económicas a tener en cuenta para su legalización, afirman expertos.

Entre 1892 y 1954 ingresaron a EEUU 12 millones de inmigrantes sólo a través de la famosa Ellis Island en la bahía de Nueva York, donde está la emblemática Estatua de la Libertad. Hoy, otros 12 millones de inmigrantes, esperan una ley que les permita integrarse plenamente a la multicultural democracia estadounidense.