Historia del regreso de los "voluntarios ecuatorianos"
Más de 13.000 inmigrantes ecuatorianos indocumentados que trabajan en los campos españoles decidieron retornar «voluntariamente» a Ecuador para lograr el visado de trabajo que les permita regresar a España en plena «legalidad», informaron este miércoles fuentes provinciales.
Esta cifra fue adelantada por fuentes oficiales de las Delegaciones del Gobierno de las provincias de España con mayor presencia de inmigrantes, poco antes del cierre del plazo otorgado a los ecuatorianos que deseaban acogerse al «Plan de Retorno Voluntario».
El plazo se cerraba a la medianoche (23H00 GMT) del miércoles y las autoridades prometieron «informaciones oficiales» definitivas para los próximos días.
La mayoría de los interesados pertenece a las comunidades de Madrid (centro) y Murcia (sur), con casi 5.000 inscritos en cada región.
El «Plan de Retorno Voluntario» fue elaborado por el gobierno español para todos aquellos ecuatorianos que puedan probar que entraron en España antes del pasado 22 de enero y se concretó mediante un acuerdo bilateral de migración firmado en enero pasado en Quito.
El delegado gubernamental para la Extranjería y la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, había adelantado el pasado martes ante el Congreso de los Diputados que más de 4.000 ecuatorianos habían expresado su interés por el retorno voluntario a su país.
Antes del cierre del plazo, ya habían regresado a Quito y Guayaquil más de 400 de ellos. De acuerdo a lo planificado, los primeros ecuatorianos que se acogieron al plan empezarán a regresar a España a partir del próximo 6 de marzo, siempre y cuando estén en posesión de toda la documentación requerida.
Para optar al regreso «legal» a España, los ecuatorianos acogidos al plan gubernamental deben tener en su poder, como documento indispensable para el visado de trabajo, un precontrato de trabajo o una promesa escrita de trabajo extendida por algún empresario español.
La mayoría de los ecuatorianos que han optado por el «regreso voluntario» pertenece a los grupos de trabajadores agrícolas indocumentados de la región de Murcia (sureste de España), donde a principios de año explotó una aguda polémica sobre la inmigración irregular tras la muerte en un accidente de tráfico de doce ecuatorianos «sin papeles» que se dirigían a sus trabajos.
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