En Honduras se conjura el golpe de Estado de la oligarquía local

Una hermosa página en la historia de América Latina es la que está escribiendo el pueblo hondureño. Hoy, sin duda, a pesar de la conspiración, se realizará la consulta y se abrirá una etapa de lucha para que el 29 de noviembre, junto a las tres urnas en que el pueblo elegirá al presidente, el Congreso unicameral y los alcaldes, se coloque una cuarta urna en la cual el soberano decidirá acerca de la elección de una Asamblea Nacional Constituyente que proyecte una reforma de la Carta.

Ya se sabe que el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vásquez Velásquez, se negó a cumplir la orden presidencial de distribuir la logística para la consulta de hoy, como es práctica de las fuerzas armadas desde hace 30 años. El presidente lo destituyó, aceptó la renuncia del ministro de Defensa, Eduardo Orellano, y convocó al pueblo. A esa altura se produjo el acontecimiento fundamental: una masa de gente de todos los orígenes se congregó dirigiéndose en camiones, con el presidente y su aludo sombrero blanco al frente, hacia la base aérea Hernán Costa Mejía. Allí estaba depositado el material electoral que había sido secuestrado por orden del fiscal general, Jorge Alberto Rubí, cumpliendo una solicitud del Tribunal Supremo Electoral, que había declarado ilegal la consulta. Al llegar, se encontraron con los militares custodiando la base, que levantaron los fusiles frente a la multitud que se acercaba. Podía sobrevenir una masacre. El presidente se fue al frente, solo, se dirigió a ellos (como Juan José Torres en la guarnición de El Alto en 1970), y les dijo que era el comandante general de las fuerzas armadas. También les hablaron hombres y mujeres del pueblo que venían en la manifestación. Los soldados bajaron las armas. El presidente se dirigió al comandante de la guarnición, expresando que venía a buscar el material de la consulta. El oficial respondió que debía obediencia a su comandante general. En la conversación se mencionó también la decisión del fiscal general, que el militar conocía. Todo esto lo contó el presidente en entrevista a Telesur. El conmovedor episodio siguiente estuvo reflejado en la TV: las cajas de material electoral pasando de mano en mano, cargadas en los camiones, llevadas a lugar seguro y procediéndose luego a su distribución a todo el país por parte de organizaciones populares y sociales. Al ejército, que antes estaba en las calles, se le dio orden de quedarse en los cuarteles. En la noche del viernes el material estaba distribuido en su mayor parte.

Este episodio fue descrito en el principal diario de derecha, «El Heraldo», con el siguiente titular: «Turba encabezada por el presidente de Honduras se tomó la base aérea». Esto es parte de la conspiración mediática, ya que familias oligárquicas son dueñas de todos los medios. Ese diario, y también «La Prensa», hacen campaña sistemática contra el gobierno, en tono insultante y agresivo, del mismo modo que en Venezuela contra Chávez o como lo vimos en El Salvador contra Mauricio Funes y el FMLN. A dicha campaña se ha plegado la mayoría del Congreso, que pretende una investigación contra el presidente para luego decretar su inhabilitación. La moción en ese sentido fue presentada por el vicepresidente del Legislativo, Ramón Velásquez Nazar, un oligarca dueño del aeropuerto de Tegucigalpa. El objetivo es destituir al presidente para colocar en su lugar al titular del Congreso, Roberto Micheletti, como lo denunció rotundamente el propio presidente. En el Congreso, dos diputados del izquierdista Partido Unificado Democrático (UD), Marvin Ponce y Tomás Andino, acusaron a la mayoría de hacerse cómplice de un golpe de Estado técnico y defendieron la conducta presidencial y la consulta. Ya destacamos la actuación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). Se han sumado los más destacados líderes obreros, como Carlos Reyes y Juan Barahona, presidente de la central obrera FUTH.

La consulta fue habilitada por la presentación de 500 mil firmas, como lo exige la Ley de Participación Ciudadana. O sea, legalidad plena. Por el contrario, el Tribunal Supremo Electoral al declarar ilegal la consulta, el fiscal general al ordenar la incautación de los materiales, y luego la Suprema Corte de Justicia al promover la restitución del militar destituido, se excedieron notoriamente en sus funciones. Pero hay más: en una última maniobra intimidatoria, el mismo fiscal general Luis Alberto Rubí anunció que se va a levantar actas penales contra cada uno de los participantes en la ejecución de la consulta popular.

La campaña contra el presidente Zelaya se explica por el giro que dio a su gobierno en el último período, aproximándolo a gobiernos de izquierda. Manuel «Mel» Zelaya inició su carrera política en el Partido Liberal, fue diputado por su natal departamento de Olancho, reelecto en tres períodos, y luego por el departamento de Morazán. Fue presidente de la Asociación de Industriales de la Madera y directivo del Banco Sogerin. El 27 de noviembre de 2005 ganó la elección presidencial como candidato del Partido Liberal, derrotando al del gobernante Partido Nacional, Porfirio «Lobo» Sosa. Promediando su gobierno inició un proceso de acercamiento con Venezuela y su país se benefició por ventajosos contratos en el seno de Petrocaribe. También lo hizo con el gobierno de Daniel Ortega, y pasó luego a integrar el ALBA, conjuntamente con esos dos países, Cuba, Bolivia y Dominica, y a la cual acaban de incorporarse Ecuador, San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda. Este organismo expresó su plena solidaridad con Honduras, lo mismo que aconteció en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en el Mercosur, en el SICA y en la resolución de tres puntos adoptada por la OEA. Sin olvidar que la última e importante reunión de la OEA se efectuó en San Pedro Sula.

Hoy se juega una parada importante, y (a la vez que en los dos países del Plata) América Latina tiene los ojos puestos en Honduras.