Preso pide abogados militares

El primer detenido transferido a Estados Unidos desde Guantánamo (Cuba) para ser sometido a juicio civil pidió ayer martes en Nueva York conservar los mismos abogados que lo defendieron en la base naval norteamericana.

Ahmed Khalfan Ghailani, de nacionalidad tanzana, llegó a la audiencia y dirigió una gran sonrisa a los abogados militares, sentados en primera fila del público.

Tras afirmar que comprendía el inglés y que no tenía medios para pagar un letrado, expresó al juez su deseo de conservar los abogados que lo habían defendido en el juicio castrense que terminó con el retiro de los cargos.

Los dos militares, el coronel Jeffrey Colwell y el mayor Richard Reiter, presentes en la audiencia del martes, «deberán ser aprobados por el ministerio de Defensa», declaró el juez Lewis Kaplan, que quedó a cargo del juicio.

Kaplan precisó que no veía objeción a la demanda y propuso sumar un abogado civil al equipo de defensa, Gregory Cooper.

Tras ser trasladado a Nueva York desde la base militar norteamericana en Cuba, Ghailani se declaró inocente hace una semana de cargos de terrorismo, incluyendo atentados de 1998 contra dos embajadas estadounidenses en Africa.

Ghailani estuvo detenido desde septiembre de 2006 en la polémica prisión en Cuba donde Estados Unidos encerró a los prisioneros de la «guerra contra el terrorismo» en condiciones también controvertidas.

Está acusado de ser parte de los ataques del 7 de agosto de 1998 contra las embajadas de Estados Unidos en Dar es Salaam, Tanzania y Nairobi, Kenia.

Su juicio es el primer paso del plan del presidente Barack Obama para cerrar Guantánamo y trasladar a todos los presos al sistema judicial estadounidense o a sus países de origen.

Según el Departamento de Justicia, Ghailani enfrenta 286 cargos, entre ellos el de conspirar con Osama bin Laden y otros miembros de Al-Qaeda para utilizar armas de destrucción masiva contra estadounidenses, homicidio, conspiración para cometer homicidio, por los que podría ser condenado a muerte.

También deberá responder por la muerte de cada una de las 224 personas que fallecieron el 7 de agosto de 1998 tras los atentados contra las embajadas estadounidenses en Tanzania y Kenia.

El detenido estaba acompañado en la audiencia por otro abogado, Scott Fenstermaker, que intentó convencer al juez de que estaba habilitado para defender al acusado.