ESPIONAJE DEL DAS Y RE-REELECCION

Esto último aún no lo hizo público, pero no tardará. Requiere una serie de pasos previos antes de ser sometido a referéndum (que es lo que el Congreso autorizó el martes). En ese plano hay larvado un enfrentamiento con el ministro de Defensa Juan Manuel Santos, que renunció al cargo para lanzar su propia candidatura apoyado en el Partido de la U, fundado por él.

La senadora del PDA señaló que el 13 de mayo la emisora FM difundió grabaciones de personas anónimas que se presentaron como ex funcionarios del DAS y que prueban las interceptaciones telefónicas efectuadas por ese organismo de inteligencia en la campaña electoral contra dirigentes del PDA como su candidato presidencial Carlos Gaviria Díaz y el gobernador de Nariño Antonio Navarro Wolf. Asimismo se dio a conocer una lista de personas cuyos teléfonos también estaban intervenidos, en su gran mayoría integrantes de la oposición, a los que se agregaban magistrados, defensores de derechos humanos y de instituciones sindicales y de la sociedad civil. La respuesta inmediata del gobierno fue ofrecer una recompensa de 200 millones de pesos a quienes entregaran información para identificar a los autores del espionaje. Lo inaudito es que el gobierno pretende aparecer como inocente, cuando el DAS está en dependencia directa de la presidencia y «desde hace varios años es un foco de corrupción y actuaciones criminales». Esto lo dice la senadora, y agrega que a los responsables de estos execrables procederes hay que buscarlos en la propia casa presidencial. También se hace eco del reclamo de la Corte Suprema de Justicia de que, en vista de la gravedad de estas denuncias de espionaje, se haga presente en Colombia el Relator de la ONU para la Independencia de la Justicia (véase nuestra nota del día 19, «Uribe y el Montesinos colombiano»).

Volviendo al DAS: el ex director del mismo Jorge Noguera Cotes, conocido como mano derecha del presidente, ha sido llamado a juicio por los homicidios y atentados a sindicalistas, defensores de DDHH y políticos opositores que denunciaron el pacto entre el paramilitarismo y sectores del gobierno y el propio ejército de Colombia. Esta historia es aleccionadora. Noguera ejerció la dirección del DAS de setiembre 2002 a octubre 2005. Salió del cargo cuando pesaban gravísimas acusaciones contra él, y Uribe lo nombró cónsul en Milán para escapar a la acción de la justicia. Pero debió regresar y fue detenido el 22 de febrero 2007 para ser procesado por graves crímenes. Recuperó la libertad por un hábeas corpus pero fue vuelto a capturar el 6 de julio 2007 y llamado a juicio por un conjunto de nuevos delitos tipificados al tiempo que continuaba la investigación por homicidio agravado en las personas del defensor de DDHH Alfredo Correa D’Andreis, los sindicalistas Zully Esther Condina y Adán Pacheco, así como del político y sociólogo Fernando Pisciotti Van Strahlen. Logró otra vez escabullirse, contando siempre con la complicidad del gobierno. Posteriormente el Fiscal General, acatando la decisión de la Corte Suprema, reanuda el proceso contra Noguera, lo llama a indagatoria, practica decenas de pruebas que siguen demostrando su responsabilidad penal, por lo que impone medidas de aseguramiento, siendo nuevamente detenido el 12 de diciembre 2008 y recluido desde ese día en la penitenciaría central La Picota de Bogotá. Finalmente, profiere resolución de acusación en su contra hace unos días, el 6 de mayo 2009, al encontrarlo coautor de los homicidios reseñados.

Dice un dictamen de la Corporación Colectivo de Abogados: «Está probado que el DAS, con la llegada de Jorge Nogueira Cotes se conformó en una estructura criminal asentada sobre el aparato legal y que prestaba la colaboración necesaria al desarrollo paramilitar, tanto en el desplegado a título de ‘guerra contrainsurgente’ que en realidad ha sido persecución de la población civil, como en relación a la toma del poder, tal como se evidenció en el Pacto del Ralito».

A todo esto, los crímenes contra dirigentes sindicales, sociales e indígenas siguen todos los días. Colombia ostenta el récord mundial de asesinatos de sindicalistas. El 15 de mayo (para citar los últimos) fue ultimado el presidente del sindicato de areneros de Barrancabermeja, Herbert Sony Cárdenas, y el día 18 Robert de Jesús Guachetá, del Consejo Regional Indígena del Cauca. Es en este clima que Uribe maniobra para su re-reelección.