URIBE Y EL MONTESINOS COLOMBIANO

Ha aparecido en primer plano, tanto en la campaña re-reeleccionista como en la estrecha relación de la Casa de Nariño con los narco-paramilitares de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), el alto funcionario de la presidencia llamado José Obdulio Gaviria, conocido como «el Montesinos colombiano». Es primo hermano del ex jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, y hermano de dos narcotraficantes de alto copete condenados en EEUU, amén de editorialista conspicuo de El Tiempo, el diario de la familia Santos. Recordemos que en el juicio al confeso narcotraficante y jefe paramilitar Diego Francisco Murillo Bejarano, alias «Don Berna», celebrado en Nueva York y que tuvo sentencia condenatoria el pasado 22 de abril, éste declaró que las AUC colaboraron económica y políticamente con la elección de Uribe; que en combinación con el ejército y el servicio del DAS ejecutaron la cruenta operación Orión en la comuna 13 de Medellín en octubre 2002; que tenían estrecha relación con las autoridades de Medellín (gobernador y alcalde); y confirmó la participación de dos congresistas del gobierno (Nancy Patricia Gutiérrez y Zulema del Carmen Zuleta) en los procesos de parapolítica que involucran a decenas de congresistas y gobernadores del uribismo, un lote de los cuales está entre rejas y otros huyeron o se asilaron (ver la nota del 29 de abril, «Uribe y los narco-paramilitares»).

Sobre el espionaje del DAS, entró en acción la Corte Suprema de Justicia, reclamando la intervención de los organismos pertinentes de Naciones Unidas y llamando a responsabilidad al presidente. Dicen en su nota que cuatro días después de la reunión mantenida por los integrantes del organismo con el mandatario, y ante los nuevos hechos de interceptaciones telefónicas y por vía electrónica (las denominadas «chuzadas»), resuelven «demandar al Gobierno Nacional fijar fecha muy próxima para que el señor Relator para la Independencia Judicial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) haga presencia en nuestra República».

Agrega que los hechos recientemente denunciados modifican notoriamente los lineamientos fijados en la reunión que los representantes de las Cortes sostuvieron en la Casa de Nariño.

En el mismo sentido se pronunciaron los organismos nucleados en la Plataforma de Derechos Humanos y Paz. Dicen que las actuaciones del DAS relacionadas con interceptaciones ilegales, vigilancia y estudios de «inteligencia» a personas y organizaciones, tanto del orden privado como de servidores públicos, ha derivado en «detenciones arbitrarias, amenazas y homicidios». Señalan que según revelaciones de la revista Semana y Radio Caracol, el espionaje se ha extendido a muchas de las ONG de derechos humanos más conocidas del país y colectivos de abogados, la Asamblea de la Paz, asociaciones de familiares de detenidos desaparecidos, las centrales sindicales CUT y CTC y numerosos sindicatos (de trabajadores de la salud, de la seguridad social, de los teléfonos y otros), del movimiento campesino Cimarrón y la Corporación Siempreviva. A algunas de las ONG le averiguaron de todo: finanzas, movimientos, ubicación, composición del núcleo familiar, medios de transporte. A esto hay que agregar el espionaje directo a los líderes políticos de distintas vertientes de oposición. Los organismos citados señalan que «estos hechos, provenientes de una entidad que depende directamente de la presidencia, no constituyen casos aislados de corrupción y delincuencia cometidos por algunos funcionarios adscriptos, sino una política sistemática y generalizada de persecución contra defensores y defensoras de derechos humanos en el país». Con el agravante de que mediante la información privilegiada del DAS se elaboraban listas negras de opositores para su extermino físico, como sucedió en múltiples casos.

El director del semanario Voz, Carlos Lozano, declaró que la parapolítica es una de las razones por las que Uribe no debería ser re-reelegido. A su juicio, «existe una estrecha relación de los políticos, sobre todo los ligados al actual gobierno, con los paramilitares. El desastre y la degradación del conflicto es debido a la obstinación de prolongar la guerra, de negar todo tipo de acuerdo humanitario y una solución pacífica con las guerrillas».