Indígenas de todo Brasil viajan a la capital para pedir poder y tierras
Hospedados en improvisadas carpas en la principal avenida del poder de Brasilia, los indígenas discutirán hasta el jueves el estatuto con el que esperan regular los derechos que la Constitución les reconoció en 1988, y que negocian con el gobierno.
«Todo es importante para nosotros: salud, educación con escuelas bilingües que reconozcan nuestra cultura, sustentabilidad; vivimos sentados sobre riquezas y nos estamos muriendo de hambre», explica a la AFP Paulino Montejo, representante de la Articulación de los Pueblos Indígenas (APIB), rodeado de un ajetreo de aborígenes que organizan los debates y se esmeran en sus pinturas armados de plumas multicolores, lanzas y arcos. El estatuto contempla temas polémicos, como la explotación de las riquezas en los territorios indios. El gobierno, explican, acepta el derecho indígena al veto sobre la explotación mineral, pero no hídrica.
«Existen 450 grandes proyectos de infraestructura que afectan a tierras indígenas, con decenas de carreteras e hidroeléctricas que inundarán nuestras tierras», denunció el dirigente amazónico Marcos Apuriná. «Nosotros no pusimos esos políticos en el Parlamento o en el gobierno, pero ellos hacen nuestras leyes», lamenta el dirigente Ronancil Kretá. «Este país fue construido por personas que llegaron con la mentalidad de explotar y eso no ha cambiado; una vaca vale más que un niño y la caña (de azúcar) más que el bosque», critica a su lado su colega Anastasio Peralta Guaraní-Kaiowá. El otro gran reclamo de los indígenas vinculado al estatuto es la conquista de sus tierras.
Según datos del Consejo Misionero Indigenista (CIMI), el 40% de los territorios indígenas está pendiente de regularización.
El caso más acuciante es el de los Guaraní Kaiowá, en el estado de Mato Grosso do Sul (centro oeste) donde se produjeron una treintena de suicidios y casi dos tercios de los 60 asesinatos de indígenas ocurridos en 2008 en Brasil. Esta etnia vive «un proceso de autodestrucción, víctimas del racismo, desnutrición, falta de asistencia sanitaria y trabajo esclavo», denuncia el CIMI.
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