Evo Morales envía tropas al departamento de Santa Cruz

La decisión del presidente Evo Morales de reforzar la presencia militar en el opositor departamento boliviano de Santa Cruz para evitar supuestos afanes secesionistas, provocó la protesta de la élite política de esta región, que exactamente hace un año aprobó un estatuto autonómico que el gobierno repudia.

«Es una acción para atemorizar a un pueblo que no está dispuesto a vivir bajo un gobierno represor», afirmó el jefe de gabinete de la Gobernación de Santa Cruz, Luis Alberto Alpire, al comentar la decisión oficial, anunciada el domingo por el presidente, de crear un nuevo cuartel en esa región e incrementar el número de militares.

Morales dijo que tomó la determinación «después de escuchar la información» sobre «la presencia de algunos separatistas, terroristas en Bolivia y en el departamento de Santa Cruz», en alusión a una célula de croatas, húngaros y de un irlandés, desmantelada en un operativo policial el pasado 16 de abril en la ciudad de Santa Cruz.

Ese grupo, que recibió apoyo de personas de la región (el tema está actualmente en investigación) tenía propósito de organizar una resistencia contra el Estado central, forzar, si era necesario, la separación de Santa Cruz y sembrar el caos, asesinando a dos gobernadores opositores.

Según el gobierno, el grupo también quería matar a Morales.

El domingo Morales entregó 1,8 millones de bolivianos (unos 254.000 dólares) a las Fuerzas Armadas para construir un megacuartel en Santa Cruz que albergará a mil efectivos, una semana después de desplazar, también a ese departamento, a otro medio millar de uniformados, esta vez en diferentes poblados sobre la frontera boliviano-brasileña.

Para el presidente, las Fuerzas Armadas, además de evitar que se plasmen las ideas secesionistas, dijo que tienen el rol de luchar contra el contrabando y el narcotráfico, de fluida actividad por su cercanía con la extensa frontera con Brasil (de 3.100 km).

El propio presidente boliviano, como anticipándose a las críticas, dijo que «los únicos que se oponen a la presencia de las Fuerzas Armadas son los contrabandistas, los narcotraficantes y los divisionistas».

Santa Cruz, que aporta el 30% del PIB boliviano y es el bastión de la oposición de derecha, se ha convertido en el dolor de cabeza más grande de Morales, porque empuja a otras cuatro regiones más (Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca) a consolidar gobiernos autónomos, una iniciativa que para el oficialismo tiene carácter secesionista.

Santa Cruz, Pando, Tarija y Beni, por ejemplo, aprobaron hace un año en sendos referendos populares sus estatutos de gobiernos autónomos, aunque el Poder Ejecutivo no los reconoció, porque -argumentó- sus llamados fueron ilegales y esos documentos tenían orientaciones separatistas.

Morales también defiende las autonomías, aunque diseñadas de tal modo que neutralizan en la práctica las funciones de los gobernadores.

Para el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, cabeza visible de la oposición, esas autonomías son irraeversibles, mientras acusó a Morales de rechazarlas porque él representa el centralismo que defiende la ciudad andina de La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Costas incluso dijo que los poderes político (La Paz) y económico (Santa Cruz) deben estar en el mismo lugar y pronosticó que en el futuro su región concentrará a ambos.

«El traslado del poder político a Santa Cruz es irreversible y las élites del occidente (La Paz) tratarán de detenerlo», afirmó Costas el fin de semana al diario El Deber.