URIBE Y LOS NARCO-PARAMILITARES

Murillo Bejarano, que fungía como inspector general de las AUC y máximo jefe de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, está recluido desde el 13 de mayo de 2008 en el Metropolitan Correctional Center de New York, extraditado por decisión del gobierno colombiano a pedido del de EEUU. Su abogada defensora, Margaret M. Shalley, lo presentó como «un patriota, un hombre víctima de la violencia en Colombia» y que había contribuido a la elección de Uribe aportando grandes cantidades de dinero y el apoyo de las AUC durante la campaña. Con esto pretendía lograr la reducción de la pena. La particularidad es que las AUC son consideradas terroristas por el gobierno de EEUU desde setiembre de 2001.

Pero el deschave de Don Berna fue más allá. En una carta anterior al juez, señaló que había acordado con la Fiscalía General de la Nación exponer su visión de los hechos en los procesos de parapolítica que involucran a las ex congresistas Nancy Patricia Gutiérrez y Zulema del Carmen Zuleta Corrales, que pertenecen (como una cantidad de legisladores y gobernadores presos) al riñón del uribismo. El detenido fue entrevistado en la prisión por el fiscal general Mario Iguarán Arana y se convinieron los métodos para realizar una teleconferencia sobre el tema. Pero hay todavía algo más.

En otro escrito remitido a la Corte Federal el 25 de febrero, Don Berna reconoció que la Operación Orión, ejecutada en la Comuna 13 de Medellín entre el 16 y el 19 de octubre de 2002 por tropas del ejército, la policía y el sistema de inteligencia del DAS para atacar varios focos guerrilleros, se llevó cabo en alianza con las AUC, como lo sabían el general del ejército Mario Montoya Uribe, hoy embajador en Dominicana, y el general de la policía nacional Leonardo Gallego. «Las fuerzas de autodefensa del Bloque Cacique Nutibara (BCN) llegaron a la Comuna 13 como parte de la alianza con la Cuarta Brigada del Ejército, incluyendo a los generales Mario Montoya, del ejército, y Leonardo Gallego, de la policía», dice el escrito. Por último, a través de otra carta fechada el 5 de diciembre de 2008, admite que apoyó la campaña del hoy alcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo, en materia financiera y de publicidad. Señala que cuando él estaba detenido en la prisión de máxima seguridad de Itagüí fue visitado varias veces por el actual gobernador, entonces secretario de Gobierno de la ciudad, «para tratar asuntos relacionados con la situación de Medellín».

Es de esperar que en las próximas declaraciones de Murillo, que comenzarán el 19 de mayo, se aborde no sólo la Operación Orión sino «la estrategia de guerra, que dejó por lo menos 72 desaparecidos entre octubre de 2002 y diciembre de 2003 en ese sector de la ciudad y que precise el apoyo que recibieron sus bloques, en especial el Cacique Nutibara, por parte de grandes empresarios, comerciantes y políticos, y le responda a por lo menos 13 mil víctimas registradas en las bases de datos estatales y que alegan haber sido afectados por hombres bajo su mando», expresa un ceñido estudio sobre el tema. No hay día en que deje de denunciarse en Colombia el asesinato de líderes sindicales, de campesinos y de organizaciones de trabajadores agroindustriales, así como persecuciones, detenciones arbitrarias y desapariciones. El último caso fue el asesinato el 22 de abril de Edgar Martínez, dirigente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, donde las comunidades resisten las presiones de empresas transnacionales, que van de la mano con grupos paramilitares y procuran la extensión del monocultivo de la palma aceitera para la producción de agrocombustibles.

Iván Cepeda, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (y cuyo padre fue asesinado), que sigue el proceso en Nueva York desde la extradición de los «paracos», señaló: «Vamos a seguir buscando la verdad, la justicia y la reparación en todos los escenarios posibles hasta que en Colombia pueda hacerse plena claridad sobre la historia de muerte y sangre de las AUC».

Días pasados publicamos una nota bajo el título de «Don Mario» (Daniel Rendón Herrera), que también ilustraba la conmixtión entre el gobierno de Uribe, los narcotraficantes, los paramilitares y los aparatos militar y policial, y también los servicios de inteligencia del DAS. Sobre esto último hay bastante más que decir.