Veinticuatro horas  en el paraíso fiscal

Tardó menos de 24 horas en desvanecerse el fantasma de la acusación de que Uruguay constituía un paraíso fiscal, formulada por la OCDE, recogida por el G-20 y difundida ampliamente por todo el mundo.

El desmentido formal ya ha sido formulado por el jerarca máximo del organismo con sede en París, el mexicano José Ángel Gurría.

El presidente del Banco Central y ex subsecretario de Economía, Mario Bergara, definió la situación en solfa y con buen humor: «Estuvimos menos de 24 horas en el paraíso».

Premonitoriamente quizá, el presidente Tabaré Vázquez había abordado el tema en la reunión de líderes progresistas en Santiago de Chile el pasado 28 de marzo. Señaló al respecto: «Ofrecemos lo que todo país serio debe ofrecer: estabilidad institucional, estabilidad macroeconómica, ordenamiento jurídico y reglas de juego claras, respeto a los contratos, clima favorable a la inversión productiva. En el Uruguay no somos, ni queremos ser, paraíso fiscal.

Uruguay no es por cierto un monasterio, pero tampoco es un casino.

También trabajamos para generar la infraestructura y los servicios adecuados, que a su vez generan trabajo digno para nuestra gente. También reivindicamos nuestro derecho al desarrollo. Y decimos no al proteccionismo…».

El ministro de Economía Álvaro García aclaró perfectamente la situación. Afirmó que «nunca estuvimos en una situación de paraíso fiscal ni lo estaremos, y menos aún después de aprobada la Reforma Tributaria», por dos razones fundamentales: porque se refuerza la tributación a los no residentes (lo que va en sentido opuesto al paraíso fiscal) y porque se eliminan las SAFI (Sociedades Anónimas Financieras de Inversión) que a partir del 1º de enero 2010 quedarán sin efecto.

En el mismo sentido se pronunció el director de la Dirección General Impositiva (DGI), Nelson Hernández, destacando que ambas disposiciones son otros tantos aspectos positivos de la Reforma Tributaria e implican «un avance hacia una mayor transparencia». Con dichos fundamentos el ministro García señaló que «el gobierno rechaza enfáticamente el intento descalificativo de connotación discriminatoria» que se le atribuyó en varios medios de prensa, «que nada tiene que ver con los criterios descriptivos aplicados por la OCDE», y más adelante confirmó que dicho organismo terminó reconociendo en Uruguay «la condición de país comprometido con el cumplimiento de los estándares internacionales de intercambio de información».

El ex ministro de Economía Danilo Astori fue más lejos e introdujo en el debate el tema de la soberanía del país para adoptar sus decisiones en materia tributaria.

Señaló que «no hay ningún fundamento para que Uruguay sea calificado como paraíso fiscal», defendió la plena soberanía del país para fijar su política tributaria, agregando que Uruguay no debe modificar su legislación en la materia y que ni el secreto bancario ni la legislación financiera deben sufrir cambios. Cuestionó además el proceder y la representatividad de la OCDE, integrada solamente por 30 países.

A este último aspecto se refirió también el presidente Lula en una conferencia de prensa colectiva en Londres al término de la reunión del G-20, el jueves 2. Dijo que el informe de la OCDE se refiere a no más de 84 países de los casi 200 que están representados en la ONU.

Brasil, por ejemplo, ni integra el organismo ni fue investigado. Refirió además algunos de los entretelones de la discusión de ese día acerca de la publicación de la lista de los países incluidos en las diversas categorías que establece la OCDE.

El coordinador de la reunión, el primer ministro británico Gordon Brown, no era partidario de la publicación de una lista emanada de la OCDE como documento del G-20, y propuso otras alternativas.

El presidente francés Nicolas Sarkozy defendió la tesis contraria, que fue la que prevaleció.

(De paso sea dicho, en ninguna de esas cuatro categorías se incluye el término de paraísos fiscales, sino formulaciones de carácter técnico, en el caso la de «jurisdicción no comprometida con los estándares internacionales en materia de intercambio de información»).

En otras intervenciones anteriores en el entorno del G-20, el presidente brasileño se refirió a las amplias ramificaciones y diversidad de situaciones del tema de los paraísos fiscales, diciendo que no involucraba solamente a países como las islas Caymán y otros similares, sino que naciones de economías de gran magnitud como Suiza estaban muy cerca de responder a esos parámetros.

En ese sentido los cables posteriores al cierre de la reunión señalaban que países como Andorra, Suiza y Luxemburgo se apresuraron a emitir declaraciones para evitar ser condenados por la OCDE.

En Uruguay el sistema político cerró filas (en términos generales y con matices) en torno al gobierno en este tema.