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INDIGENAS SE DEFIENDEN

La toma violenta de la vivienda rural de un ex vicepresidente y el asalto de una mina privada están amparados en la Constitución que entró en vigor en febrero en Bolivia, según sus autores indígenas. La ocupación de la vivienda del ex vicepresidente liberal, el indígena Víctor Hugo Cárdenas, el sábado por parte de campesinos de su propia comunidad aymara se hizo “de acuerdo con la Constitución Política del Estado”, según la dirigencia campesina.

Amparada en esa norma -que precisa de unas 100 reglamentaciones para entrar plenamente en vigor- la dirigencia de “la provincia Omasuyos (donde se encuentra la vivienda) se declara territorio libre y jurídico”, dijo a periodistas el dirigente campesino, Justino de la Cruz.

Omasuyos queda en la sierra boliviana y es una región de mayoría leal al presidente Evo Morales.

En medio de condenas locales a la toma de la vivienda, que fue acompañada por denuncias de vejámenes y agresiones a la familia de Cárdenas, éste atribuyó la responsabilidad de los hechos al gobierno y al propio presidente Morales, quien previamente le había reprochado en un acto público su oposición a la nueva Carta Magna.

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