DOBLE ATENTADO DE COLOMBIA

El 1º de marzo de 2008 aviones, helicópteros y tropas colombianas irrumpieron en territorio de Ecuador en la región de Sucumbíos, mataron al dirigente de las FARC Raúl Reyes (y con ello hicieron naufragar una gestión avanzada para liberar a Ingrid Betancourt) y a un grupo de personas que estaban en el campamento, llevándose secuestrados a los sobrevivientes de la masacre. Entre ellos a la estudiante mexicana Lucía Morett, que México reclama sea devuelta a su país. Según un cable publicado ayer desde Quito, ella denunció haber sido torturada y sometida a un interrogatorio extrajudicial en una base militar ubicada en territorio de Ecuador, que no puede ser otra que la base de Manta, ocupada por tropas de EEUU y que deberá ser devuelta a Ecuador en el plazo improrrogable de este año, según reiteró el presidente Correa.

Recuérdese que las fuerzas armadas yankis y sus aparatos de inteligencia colaboran estrechamente con las fuerzas armadas colombianas en los marcos del Plan Colombia, cuya extensión ha ido a reclamar precisamente el ministro Santos estos días en Washington ante la nueva administración estadounidense.

Es este mismo ministro que en declaraciones públicas se arroga el derecho de ingresar nuevamente a los territorios de los países limítrofes a pretexto de perseguir a destacamentos de las FARC. El presidente Correa les replicó: ¿Por qué, si es así, no cuidan ellos que esas fuerzas no salgan de su país por el puente San Miguel? Señaló además que Ecuador debe hacerse cargo de la situación de miles de desplazados colombianos que emigran para no sufrir las consecuencias de los enfrentamientos armados.

La tesis intervencionista del gobierno colombiano fue rechazada de manera terminante en varias instancias. Primero por el Consejo Permanente de la OEA reunido en Washington los días 4 y 5 de marzo de 2008, que expresó su rechazo a la violación de la soberanía y la integridad territorial de Ecuador en forma casi unánime: solamente el delegado de EEUU apoyó a Colombia, situación que se reprodujo unos días después en la reunión de cancilleres de la OEA en el mismo escenario. Allí el aislamiento de EEUU fue ostensible a los ojos de América Latina y el mundo, con Colombia como único aliado. Pasó lo mismo en la reunión del Grupo de Río (en el que EEUU no participa, y al que posteriormente fue incorporada Cuba) efectuada en Santo Domingo el 7 de marzo, con la particularidad adicional de que allí fue derrotada la tesis esgrimida por el presidente Uribe de que el principio de seguridad de los países debía anteponerse al de la intangibilidad de la soberanía nacional.

Al mismo tiempo, a raíz del escándalo que estalló en Colombia sobre el espionaje telefónico practicado por los servicios secretos del DAS, dependientes directamente de la presidencia de la República, contra la oposición, los magistrados, los periodistas e incluso el propio gobierno, quedó demostrada una vez más la íntima conexión de esas fuerzas armadas colombianas con las bandas asesinas de los paramilitares, también conectadas a parlamentarios, gobernadores y dirigentes del uribismo, un buen lote de los cuales está tras las rejas. Días pasados la revista «Semana» puso en evidencia una vez más la conmixtión de pesos pesados del paramilitarismo como «Don Berna» y «Jorge 40″ con militares del mando superior que se citan por su nombre y apellido, como los generales Rito Alejo del Río, Iván Ramírez y Martín Orlando Carreño.

Otro signo revelador es que el comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, renunció a su cargo porque, según se expresó de fuente oficial, el gobierno descarta todo diálogo con la guerrilla. En ese ámbito no tiene más nada que hacer, y prefiere postularse para el Senado. Esto enfrenta el sentimiento de cuantos anhelan el intercambio humanitario, que son legión. Entre ellos el profesor Moncayo, que ha emprendido un recorrido por el río Magdalena en una campaña para lograr la liberación de su hijo policía, retenido desde hace diez años por la guerrilla. Pero Uribe no quiere oír hablar de intercambio humanitario y busca un desenlace por vía militar, mientras los aparatos del gobierno persiguen a los jueces que investigan y a los periodistas que documentan los atentados y las violaciones de derechos humanos.