Opositores demandan al presidente Evo Morales

El prefecto del gasífero departamento de Tarija, Mario Cossío, le presentó al fiscal general de la Nación, Mario Uribe, una proposición acusatoria contra Morales, para entablarle un juicio de responsabilidades por varios cargos, confirmó ayer miércoles a la AFP la oficina de prensa de esa gobernación.

Esa acusación fue respaldada por Rubén Costas (Santa Cruz), Savina Cuéllar (Chuquisaca) y Ernesto Suárez (Beni), gobernadores que junto a Cossío articulan una férrea oposición al jefe de Estado boliviano.

La acusación se refiere a tres tipos de delitos: «resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica», contemplados en la nueva Constitución boliviana, que entró en vigencia el 7 de febrero.

El fiscal Uribe señaló en las últimas horas «que se presentó en la Fiscalía una demanda, la que deberá seguir trámites de acuerdo a las normas bolivianas».

La demanda se sustenta por la firma de decretos presidenciales que permitieron a unas 15 empresas públicas la contratación directa (sin licitaciones) de bienes y servicios, eludiendo sistemas de control estatal, y que habrían derivado, como en el caso de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en casos de corrupción.

YPFB está sacudida por el presunto pago de una coima de 450.000 dólares al presidente de la empresa, Santos Ramírez ­un muy estrecho colaborador político de Morales­ por parte de la firma boliviano-argentina Catler Uniservice, que se adjudicó el año pasado la construcción de una planta de gas por 86 millones de dólares.

Ramírez fue destituido del cargo a fines de enero y días después encarcelado, como principal sospechoso de recibir sobornos de Catler Uniservice, compañía que debía instalar la planta separadora de líquidos de gas.

La adjudicación de la obra a esa empresa -según investigaciones judiciales- se realizó sin cumplir procedimientos legales, amparados justamente en los decretos firmados por el presidente Morales.

Bajo estos decretos la estatal YPFB también conformó la empresa Sipsa (Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima), que se adjudicó de manera poco clara el manejo de un equipo de perforación de petróleo entregado por la venezolana Pdvsa, a mediados del año pasado.

Tras la demanda presentada, el ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, uno de los principales abogados del gobierno, afirmó este miércoles que «esta proposición acusatoria es una verdadera aberración jurídica y no tiene ningún asidero legal».

«Se está pretendiendo llegar a la responsabilidad del primer mandatario a través de la emisión de un decreto que no lo ha emitido sólo él, sino el gabinete de ministros», señaló Arce.

Según esta autoridad, si alguien cometió alguna irregularidad (en alusión a la corrupción denunciada en la petrolera YPFB), entonces es responsabilidad de las personas y no de las instituciones o de decretos aprobados por el gobernante.

La Fiscalía General, si considera que hay materia justiciable, debe pedirle al Congreso bicameral autorización para el inicio del juicio de responsabilidades, que se tramita en única instancia en la Corte Suprema de Justicia.

La demanda se presenta cinco semanas después de que el gobierno lograra vencer en un referendo para imponer una nueva Constitución y en el comienzo de un año electoral, pues habrá elección presidencial en diciembre próximo.