La CPI ordena la detención del presidente de Sudán

La CPI, que no retuvo la acusación de genocidio, solicitada por el fiscal Luis Moreno Ocampo, estimó que «hay motivos razonables para creer» que Bechir, de 65 años, es responsable de «asesinatos, exterminaciones, torturas, traslados forzados, violaciones, ataques contra civiles y saqueos» en Darfur.

En tanto que «presidente del Estado de Sudán y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas sudanesas», Bechir tiene «el control total» del ejército, la policía y las milicias janjawid que atacan a los civiles en Darfur, provincia del oeste de Sudán desgarrada desde 2003 por una guerra civil que causó 300.000 muertos y 2,7 millones de desplazados, según cifras de la ONU.

Jartum habla de 10.000 muertos.

«No trataremos con este tribunal», reaccionó el ministro sudanés de Justicia, Abdel Basit Sabdarat. «No es competente (para Sudán). Se trata de una decisión política», acusó.

Bechir participará en la cumbre árabe de Doha prevista a fines de mes, anunció por su parte el canciller sudanés, Alí Karti, para quien la decisión de la CPI «no tiene ningún efecto sobre el presidente, que continuará asumiendo normalmente sus funciones».

Por su parte, el tribunal transmitirá «inmediatamente» la demanda a Sudán, a los Estados integrantes de la Corte y a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU para que cooperen en la detención y traslado de El Bechir a La Haya.

La CPI, que no dispone de ninguna fuerza de seguridad propia, depende de la voluntad de los Estados para que se cumplan sus órdenes de detención.

«El gobierno sudanés está obligado por el derecho internacional a ejecutar la orden de arresto en su territorio», destacó el fiscal de la CPI, el argentino Moreno Ocampo. De lo contrario «el Consejo de Seguridad de la ONU deberá actuar en consecuencia para que obedezca», afirmó.

«No hay inmunidad para Omar el Bechir», dijo el fiscal. «Podrá ser detenido desde el momento en que viaje en el espacio aéreo internacional».

«Como (el ex presidente serbio) Slobodan Milosevic o (el ex dirigente liberiano) Charles Taylor, el destino de Omar el Bechir es ser juzgado. Será en dos meses o en dos años, pero deberá hacer frente a la justicia», continuó Moreno Ocampo.

La orden de detención dio pie a manifestaciones de apoyo al presidente en Jartum así como a gritos de alegría en un campo de refugiados de darfureños en el vecino Chad.

La Unión Africana consideró que la iniciativa de la CPI podía «amenazar la paz en Sudán», mientras que Moscú la calificó de un «precedente peligroso». Varios países occidentales, como Francia, exhortaron en cambio a Jartum a obedecer la orden.

Para el Movimiento para la Justicia y la Igualdad (JEM), grupo rebelde de Darfur que firmó un acuerdo con Jartum, ya no es posible seguir negociando con el gobierno sudanés.

«No creo que sea éticamente posible negociar con alguien que cometió crímenes en Darfur y que ha perdido legitimidad», dijo a la AFP el jefe negociador y secretario de asuntos políticos del JEM, Ahmed Tugod Lissan.

La CPI es el único tribunal permanente competente para juzgar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio.

Desde 2005 investiga la situación en Darfur, tras una resolución en ese sentido del Consejo de Seguridad de la ONU.

El crimen de genocidio no figura en la orden de arresto, puesto que «los elementos presentados por la acusación no ofrecen motivos razonables para creer que el gobierno sudanés actuó con la intención específica de destruir, totalmente o en parte, a los grupos (étnicos) four, masalit y zaghawa», dijo la portavoz de la CPI, Laurence Blairon.

Moreno Ocampo señaló que «estudiará» esa decisión antes de determinar si presenta un recurso de apelación.

La CPI ya emitió órdenes de detención contra el ministro sudanés de Asuntos Humanitarios, Ahmed Harun, y el jefe de la milicia janjawid, Alí Kosheib en mayo de 2007. Pero Bechir siempre se ha negado a extraditarlos.