OPINION INTERNACIONAL

DAS, MAFIA Y ESTADO COLOMBIANO

Citamos ayer una nota reveladora publicada en el diario El Tiempo de Bogotá el 25 de febrero que se preguntaba desde el título «¿El DAS está fuera de control?», y respondía categóricamente que «el DAS quedó en manos de mafias narcoparamilitares no por asalto o infiltración, sino por designación del Presidente». A continuación agregaba: «Cuando las ilegalidades las denuncian los medios (como lo hizo La Semana), se aplica el manual de crisis de la Presidencia: se hace una rueda de prensa para neutralizar las denuncias, se ‘queman’ unos cuantos funcionarios a quienes se les pide la renuncia, se reitera que las ilegalidades no son política institucional, se enfatiza que el Presidente no sabía y no ordenó nada ilegal, se anuncia que se investigará hasta las últimas consecuencias y se denuncia que todo es culpa de una mafia». Eso es exactamente lo que hizo Uribe. Unas horas después, el director del DAS, Edgardo Tabárez, «renunció».

También se cumplirá al pie de la letra lo que la periodista anticipa a renglón seguido: que ninguna investigación efectuada desde gobierno dará un solo nombre de los integrantes de las mafias, ni quién mandó espiar, ni a quién se espió, ni quién paga y se beneficia. Así ocurrió siempre. Luego controvierte agudamente la tesis esgrimida por el propio Uribe de que en el DAS hay una mafia interesada en atentar contra el Estado y la seguridad nacional, y replica: «Una mafia del Estado ­del DAS- atenta contra la democracia y la seguridad de los ciudadanos. El DAS está controlado al detalle por funcionarios y amigos de la Casa de Nariño y por narcoparamilitares». Y sigue: «El Presidente ha afirmado pública y reiteradamente que considera a los magistrados unos fabricantes de testigos interesados en tumbarlo; a los miembros de la oposición, guerrilleros vestidos de civil; y a los periodistas, cajas de resonancia del terrorismo. Un funcionario del DAS, que está al servicio del Presidente, se siente obligado a seguir a los magistrados, políticos y periodistas que el Presidente ha señalado públicamente como objetivos legítimos por ser amenazas a su seguridad y a la del Estado». Conclusión: «El DAS no está fuera de control. Está haciéndole caso al Presidente, espiando y hostigando a quienes señala como amenazas».

Dos relevantes hechos de actualidad confirman esta concepción. Hemos visto un reportaje de Telesur al periodista Guillermo Botero, que filmó un formidable documental sobre las últimas liberaciones de retenidos por las FARC. Este proceso fue interferido por sobrevuelos incesantes de aparatos militares que pusieron en grave riesgo todo el operativo, el cual por momentos estuvo al borde del fracaso. En el documental aparecen Piedad Córdoba, los miembros de la Cruz Roja, los guerrilleros, todos los participantes y aflora la emoción del encuentro con los liberados. El periodista declara que lo movió el anhelo de impulsar el intercambio humanitario. Pues bien: Uribe declaró ante todos los medios que el periodista Botero era «un apologista del terrorismo», lo que en las condiciones actuales de Colombia puede significar una condena a muerte.

En El País de Madrid del mismo 25 de febrero se publicó, en el marco del escándalo del DAS, un reportaje a Iván Velásquez, considerado el juez estrella en el caso de la parapolítica. Se supo que Velásquez es el más seguido de todos los magistrados espiados por el DAS, que hay más de 2.000 horas de sus conversaciones telefónicas grabadas, así como el seguimiento de todos sus movimientos, lo que a su juicio «tiene que ver directamente con la investigación de la parapolítica, pues soy su coordinador general (y) la mayoría de los congresistas investigados pertenecen a la coalición de gobierno». Pues bien: el año pasado el juez Velásquez fue acusado por Uribe de haber hecho un ofrecimiento a un jefe paramilitar (José Orlando Moncada, alias Tasmania), para que testificara contra él. La Fiscalía investigó y absolvió al magistrado. Pero quedó clara la actitud de Uribe. El juez declaró que «expresiones públicas del Presidente como que hay un tráfico de testigos afectan a mi seguridad y a la investigación».

Cuando le preguntan si teme por su vida, responde: «Naturalmente».

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