Polémica entre gobierno paraguayo y campesinos

El ministro del Interior de Paraguay, Rafael Filizzola, exigió pruebas de la comisión de torturas contra seis campesinos, supuestamente perpetradas por uniformados, que realizan un rastrillaje en el departamento de San Pedro para buscar a los autores del asalto a un puesto militar.

«No fueron torturados. Pido mayor seriedad a los dirigentes campesinos y a monseñor Zacarías Ortiz. No digo que mientan, pero no pueden aseverar una cosa si no tienen elementos de juicio», señaló el secretario de Estado en declaraciones a periodistas este miércoles.

Luis Aguayo, líder de la llamada Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas (Mcnoc), anunció que denunciará al gobierno del presidente Fernando Lugo ante organismos internacionales de derechos humanos.

El obispo del departamento de San Pedro, monseñor Zacarías Ortiz, relató a periodistas que los detenidos (ya liberados) le relataron que «les colocaron bolsas en la cabeza y les apretaron los testículos». Admitió que no observó rastros de los supuestos tormentos pero que «los he visto atemorizados».

El ministro Filizzola dijo hoy que el obispo «no tiene elementos de juicio» en los que basar sus opiniones.

Agregó que cuando conversó con él en el sitio de detención no le mencionó ninguna denuncia de malos tratos. «Sólo me pidió que cambiáramos de lugar a los detenidos», manifestó.

El médico forense Oscar Mieres revisó, a pedido de la fiscalía, a las supuestas víctimas y firmó un diagnóstico en el cual descartó signos de torturas.

«Esta zona del país siempre fue relegada. Ahí tenemos problemas de narcotráfico, de tráfico de rollos (de madera) y actividades que involucran a bandas de delincuentes que tienen un alto grado de peligrosidad», informó Filizzola al justificar la presencia de unos 500 militares y policías en el departamento, el más pobre del país.

Dicha presencia uniformada se produjo poco después del asalto a un puesto militar donde maleantes -presumiblemente conectados con organizaciones de traficantes- se alzaron con fusiles y proyectiles tras quemar el campamento.

Fuentes gubernamentales destacaron que las bandas delictivas están conectadas con labriegos que trabajan para ellos en las llamadas «zonas liberadas», donde no rige la ley por la ausencia de autoridades.