Democratizar los sindicatos

El sindicalismo tradicional que hegemonizan las dos vertientes del justicialismo y el gobierno han entrado nuevamente en colisión, por ahora verbal, desde que desembarcó una delegación de expertos de la Organización Internacional del Trabajo con la misión de coordinar la tarea de la comisión que creó el gobierno para analizar las observaciones hechas por el comité de expertos de la OIT al modelo sindical argentino.

El cuestionamiento básico de la OIT se centra en el sistema de personería gremial, que es la capacidad que tiene un solo sindicato de representar los intereses colectivos de una rama de actividad: nada menos que negociar los convenios de trabajo que este año deberían ser renovados de acuerdo a nuevas normas en vigencia.

Pero hay no menos de dos mil organizaciones gremiales «simplemente inscriptas», que no gozan de personería gremial y no pueden firmar convenios ni retener cuotas sindicales y sus representantes no se benefician con el fuero sindical, que si bien no los ponen totalmente a salvo de represalias, algo ayuda.

Esta es, en parte, la base obrera de la contestataria Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que respalda la gestión de la OIT. El gobierno, cuya filosofía es desde siempre contraria al sindicato único que legaliza la ley sobre Asociaciones Profesionales, sostiene que deben atenderse las recomendaciones que llegan desde Ginebra para evitar una sanción internacional. En 1984, el entonces gobierno de Raúl Alfonsín fracasó en la Cámara alta por un voto, para modificar la representatividad de los sindicatos y por eso el radicalismo ve la ocasión de asestarle un golpe a la ortodoxia sindical peronista, en nombre de una «democratización» del movimiento obrero.