Indirecta condena a Libia

«La concepción, la planificación y la ejecución del atentado son de origen libio», declararon los tres magistrados escoceses en su veredicto.

Por unanimidad, los jueces declararon culpable de homicidio a Abdel Basset Alí al-Megrahí, de 48 años, alto responsable de los servicios secretos libios (JSO), lo que lleva automáticamente a una condena de prisión perpetua, según el derecho escocés.

La condena fue complementada con otra que impide cualquier reducción de la pena o medida de clemencia durante veinte años.

El segundo acusado libio, Al Amín Jalifa Fhimah, de 44 años, contra quien la acusación no había podido reunir tantas pruebas ni tan concordantes, fue absuelto.

Los dos libios eran acusados de haber destruido en vuelo un Boeing 747 de la Pan Am el 21 de diciembre de 1988 sobre la localidad escocesa de Lockerbie. El atentado costó la vida a 270 personas, 189 de ellas de nacionalidad estadounidense.

En su veredicto, los jueces insistieron en la responsabilidad libia sin precisar en qué nivel.

Descartando las sugestiones de la defensa sobre una posible implicación palestina, declararon: «No nos queda ninguna duda razonable sobre el origen libio del crimen».

Señalando de manera tan clara a Libia, los jueces colocaron a Trípoli en una postura muy delicada.

Horas después de la lectura del veredicto, el presidente norteamericano George W. Bush declaró que Estados Unidos «continuará presionando» a Libia para que reconozca su responsabilidad en el atentado de Lockerbie y acepte indemnizar a las familias de las víctimas.

Tras el veredicto, el gobierno británico indicó que esperaba que Libia pagase compensaciones de por lo menos 700 millones de dólares a los familiares.

En su primera reacción al juicio, el gobierno libio reclamó un levantamiento inmediato de las sanciones impuestas por la ONU desde 1992.

Un portavoz del Ministerio libio de Relaciones Exteriores reclamó «reparaciones» por las pérdidas sufridas por Libia a causa de las sanciones, en particular por el embargo aéreo y sobre el armamento.

Libia «reclama reparaciones por las pérdidas que sufrió a causa de las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU en el marco de un caso jurídico que no tiene nada que ver con la ONU», declaró el portavoz.

Tras el veredicto, varios familiares y allegados de las víctimas presentes en Camp Zeist denunciaron el «terrorismo de Estado» libio y reclamaron la apertura de una investigación para determinar las verdaderas responsabilidades del atentado.

«No se ha hecho justicia. En Nuremberg, juzgaron a los jefes. Aquí, solo tenemos a dos subalternos», aseguraba Bruce M. Smith, un capitán retirado de la Pan Am, que perdió a su mujer en el atentado.

«No hemos visto más que la parte emergente del iceberg. Queremos una investigación para saber quién estaba detrás y quién pagó», declaró Betty Thomas, que perdió a su hija y a su nieta en el atentado