Pese a pedidos, Obama podría evitar investigar excesos de gobierno de Bush

La lista de «libertades» que el gobierno del saliente George W. Bush se tomó respecto a la Constitución y los principales fundamentos de la Justicia estadounidense es larga.

Incluye técnicas de interrogatorio consideradas tortura por organismos de DDHH; detención ilimitada de sospechosos de terrorismo sin cargos ni proceso; escuchas telefónicas ilegales, y la criticada prisión en la base naval estadounidense de Guantánamo (Cuba).

«El abuso sistemático en nombre de la seguridad interior» debe ser examinado, estimó Amnistía Internacional, que junto a otras asociaciones como ACLU (defensa de las libertades civiles) y el Centro por los Derechos Constitucionales (CCR, que ha asignado más de 500 abogados voluntarios a los detenidos en Guantánamo) piden a Obama abrir «una investigación penal independiente».

«Los ex presidentes y vicepresidentes no tienen inmunidad total contra una acusación por delitos que habrían cometido cuando estaban en función», explicó Laurence Tribe, profesor de derecho constitucional de la universidad de Harvard, a la AFP.

Sin embargo, Tribe previno que «una acusación de esa naturaleza no tendrá éxito sin pruebas muy sólidas».

«No bastará probar que estaban a la cabeza de una cadena de mando que lideraba un programa en el cual se cometieron esos delitos», insistió.

En diciembre, un informe de demócratas y republicanos, firmado por el ex candidato a la Casa Blanca, John McCain, reveló que la cadena de responsabilidad en la decisión de utilizar métodos coercitivos durante los interrogatorios ­como la privación del sueño, exposición a temperaturas extremas y obligación de mantenerse en posturas incómodas­ llega a los niveles más altos del gobierno de Bush.