Partidarios y detractores del ex dictador salieron a las calles a manifestar

Pinochet decidió cuál será su casa-prisión

De hecho la única gestión que la defensa realizó ayer ante el tribunal fue la petición de cambio del lugar de arresto preventivo y notificación de su procesamiento desde su residencia capitalina de La Dehesa al fundo «Los Boldos» que posee en Bucalemu, donde el inculpado se encuentra desde la noche del viernes, luego de ser atendido en el Hospital Militar de un principio de derrame cerebral. A ese lugar ayer fueron trasladados un centenar de partidarios del anciano dictador, quienes le expresaron con gritos su apoyo e insultaron a la Justicia que lo declaró reo.

La resolución de esta petición postergó la recepción directa por parte de Pinochet de la resolución judicial y dio paso a diferentes rumores sobre actos de resistencia al interior del Ejército u operativos de «sus custodios militares» para impedir el ingreso de quienes debían notificarlo y prontuariarlo, como ocurre con todos los reos.

El ministro del Interior José Miguel Insulza desmintió con cierto humor ambas especulaciones que se sostenían en movimientos extraños ocurridos a principios de diciembre con motivo del primer procesamiento dispuesto por Guzmán contra Pinochet que fue anulado por la Corte Suprema al faltar la declaración indagatoria del desaforado senador vitalicio.

En esa oportunidad trascendió que la unidad especial del Ejército que protege a Pinochet se había pertrechado con armamento pesado para impedir el ingreso a los enviados del tribunal, por lo que la superioridad había dispuesto el traslado de los jefes de esa unidad, cosa que el Alto Mando explicó como cambios rutinarios en este tipo de servicios.

Restando toda seriedad a esos rumores el ministro Insulza respecto a la notificación del fallo, comentó: «Yo no sé por qué tienen estas imágenes morbosas de que llega una especie de escuadrón y se enfrenta con otro escuadrón armado. Esas cosas no van a pasar y todo el mundo va a ser prudente. Las cosas se van a hacer de acuerdo con el magistrado, la fiscalía del Ejército y otras instituciones a cargo, sin que esto dé motivo a ninguna confrontación».

A una pregunta relativa a algún indicio de insubordinación en las Fuerzas Armadas, el jefe del Gabinete dijo que «a esta hora no tenemos absolutamente ninguna información respecto a ninguna cosa de ese tipo», reiterando que el gobierno no puede comentar los dictámenes judiciales ni las críticas que se han hecho a Pinochet por tratar de hacer recaer la responsabilidad en sus subalternos.

Insulza también manifestó su comprensión por la preocupación con que el comandante en jefe del Ejército general Ricardo Izurieta y esa institución recibieron el nuevo procesamiento de su ex jefe. «Yo comprendo que estén preocupados por su salud y su situación» aunque insistió en que el tema corresponde exclusivamente a la Justicia y que no corresponden ni negociaciones políticas ni una nueva convocatoria al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) para buscar una salida al caso Pinochet. «En ambos casos se estaría violando la Constitución», subrayó.

Por su parte la defensa dijo que Pinochet no se opondrá a la notificación de su encargatoria de reo dictada por el juez Guzmán y confirmó que aún no ha resuelto si apelará ante el Tribunal de Alzada o presentará un nuevo recurso de amparo ante la primera sala de verano de esa misma Corte. Cualquier decisión en esta instancia será impugnada ante la Corte Suprema, que también designó una sala de turno durante las vacaciones judiciales. Por lo mismo el proceso va para largo, y su cierre con una condena o sobreseimiento por motivos de salud pudiera dilatarse hasta el próximo año.

El abogado querellante Hugo Gutiérrez dijo que esperaban lo que resuelva hacer la defensa y que «llegó la hora de empezar la persecución contra otros involucrados en las violaciones a los derechos humanos, principalmente civiles como los ministros del Interior de la dictadura, que deben responder también ante la Justicia».

El ex candidato presidencial de la derecha y actual alcalde de Santiago Joaquín Lavín insistió en que «debemos dejar trabajar tranquila a la Justicia. Se trata de un proceso a un ex presidente de la República que está anciano y enfermo, por eso deben respetarse todas las formas del debido proceso. Hay que esperar con calma, sin prejuzgar. Pienso que el juez Guzmán ha tratado verdaderamente de hacer justicia».

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