Los 75 prisioneros fusilados en la "Caravana de la Muerte"

El juez chileno Juan Guzmán Tapia, quien lleva adelante el proceso judicial en contra del ex dictador por crímenes atribuidos a su régimen, ordenó este lunes el procesamiento y arresto domiciliario de Pinochet por la autoría intelectual de los fusilamientos.

Guzmán había resuelto el encausamiento formal y la detención del ex presidente el 1 de diciembre de 2000, pero ambas medidas quedaron en suspenso mientras el acusado era sometido a exámens médicos y a un interrogatorio –cumplido la semana pasada– por el magistrado, por orden de la Corte Suprema.

De las 75 ejecuciones sumarias de «la Caravana», 57 figuran en la causa como homicidios calificados y 18 como secuestros. Precisamente, el delito de secuestro está expresamente excluido de la Ley de Amnistía dictada bajo el régimen de facto en 1978.

A comienzos de octubre, el mes siguiente al golpe de Estado del 11 de setiembre, comenzó a recorrer el territorio chileno, de sur a norte, una «comisión especial» transportada en un helicóptero Puma del Ejército. A su paso por Cauquenes, La Serena, Copiapó, Antofagasta y Calama, ejecutó a 75 prisioneros políticos.

La comisión, conocida como «Caravana de la Muerte», fue comandada por el general (r) Sergio Arellano Stark e incluía a los coroneles (r) Sergio Arredondo y Marcelo Moren Brito y el capitán (r) Patricio Díaz Aravena.

Todos ellos, además de otros militares involucrados, fueron declarados reos por el juez Guzmán Tapia y se encuentran detenidos en unidades militares o en sus domicilios.

«La Caravana» fusiló a prisioneros políticos en Cauquenes (sur) el 4 de octubre, en La Serena el 16 de octubre y en Copiapó, Antofagasta y Calama, todas en el norte, en los días siguientes hasta el 19 de octubre.

En varios casos, la comitiva retiró detenidos en prisiones locales, los trasladó a regimientos donde los fusiló, o a los alrededores de las localidades mencionadas para asesinarlos.

El general retirado chileno Joaquín Lagos, jefe jurisdiccional militar de ciudades donde actuó la misión castrense, reveló el pasado jueves que las víctimas del pelotón de fusileros eran despedazadas: «las fusilaban ‘por partes’ (…). Primero las piernas, después los órganos sexuales, después el corazón (…). Ni siquiera había tiro de gracia».

Durante el interrogatorio de Guzmán el 23 de enero, Pinochet negó toda culpa en la serie de homicidios y dijo que los procesos de los detenidos y las investigaciones de las denunciadas brutalidades de la delegación eran asunto de los jefes locales de las guarniciones castrenses.