Comienza reforma política en Argentina

Hay cada vez más conciencia sobre la necesidad de ajustar los costos de la política.

Para febrero, la Alianza piensa reunir a todos sus legisladores, nacionales, provinciales y comunales, para conseguir que se bajen dietas y gastos para ahorrar no menos de 500 millones de dólares para atender necesidades de empleo o de ayuda social. Claro, deben convencer de lo mismo a otros partidos, particularmente al peronismo y romper con sus propias tradiciones.

Desde que estalló la crisis en el Senado Nacional y renunció Carlos Chacho Alvarez por considerar que no tenía apoyo del presidente a su cruzada contra la corrupción, el tema se instaló en la conciencia de millones de personas, pese a que en apariencia todo sigue igual.

Hay peligro de «gatopardismo», de hacer que se cambia algo para que no se modifique nada. «O lo hacemos nosotros, o la derecha impondrá sus recetas de eficientismo en la gestión pública que significará un recorte de recursos pero también de la representación ciudadana», le comentó a LA REPUBLICA un hombre de peso dentro del Frepaso.

Dicho y hecho. Ayer se anunciaba que el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, buscará proponer una reforma constitucional para dividir al país en cinco regiones, cada una con su congreso, para reemplazar a las costosas 24 legislaturas actuales. De este modo, el papá de la convertibilidad piensa pelearle el discurso de la renovación institucional y la reforma política al gobierno y al ex vicepresidente.

Para afianzar el ahorro, estos cinco poderes legislativos regionales funcionarían con una sola cámara, es decir sin la división clásica entre diputados y senadores provinciales. Según datos oficiales, cada legislador provincial insume hoy un gasto anual de 646 mil dólares. Las regiones están contempladas en la actual carta magna, pero la idea de Cavallo liquida soberanías provinciales formadas por un largo proceso histórico que pueden desatar enconos digno de los Balcanes.

Hay cosas que se pueden hacer como eliminar en las provincias dos cámaras y convertirlas en unicamerales, como casi todos los sectores lo están proponiendo de la provincia de Buenos Aires. Claro, hay que modificar las constituciones de cada lugar y es una tarea engorrosa.

Con todo, hay ideas de Chacho que son tomadas por Cavallo. Por ejemplo los dos coinciden en que los partidos deben mejorar la calidad de los candidatos que ocupen el Senado que se renueva totalmente en octubre.

También en la eliminación de las cuotas o lotes en el Senado. Según el cavallismo, desde el retorno democrático, en el Senado «está todo loteado: cuando se nombran jueces, se arma un pacto para que sean tres radicales, tres peronistas, uno provincial. Lo mismo pasa para designar embajadores». Alvarez piensa lo mismo: que desde el retorno a las instituciones constitucionales en 1983, el viejo bipartidismo (radicales y peronistas) «lotearon» el poder.

Y por eso tiene roces, cuando no choques con los más conspicuos representantes de los «aparatos» y de las «cajas» para mantenerlos de ambos partidos. La reforma institucional del cavallismo incluirá un sistema de elección de candidatos, sin listas sábanas. Las propuestas incluyen la posibilidad de que el elector pueda armar «a la carta» la lista de sus votados, incluso entre candidatos de distintos partidos.

En rigor, ese sistema estuvo vigente entre 1912 y 1957: se permitían las tachas y suplantar un candidato por otro. Cuando se introdujo la representación proporcional, un avance sobre la anterior legislación que afianzaba al bipartidismo, se consideró engorroso mantener las tachas y suplantaciones.

Para Alvarez, con todo, las reformas deberían elevar el nivel de la política para ponerle coto a las grandes corporaciones. Cavallo toma la fachada de la idea, es difícil pensar en él como disciplinador del gran capital.