Ex presa afirma que no se hace justicia y hay desidia

La Cámara de Casación (tribunal de alzada) de Argentina había ordenado el jueves la liberación del ex oficial de marina Alfredo Asti, de 57 años, alias «el ángel rubio de la muerte», y la de otros oficiales, acusados de crímenes contra la humanidad.

La decisión del tribunal se basó en un procedimiento legal que establece que nadie puede quedar encarcelado más de dos años sin sentencia firme, omisión que sólo puede subsanarse con la liberación del acusado hasta la hora en que se siente en el banquillo.

La Justicia argentina suspendió el viernes la decisión de liberar al capitán de la Marina de guerra Alfredo Astiz, acusado de genocidio en la dictadura (1976-1983), luego que un fiscal apelara el dictamen de la Cámara de Casación.

Por otra parte, el gobierno también iniciará los trámites para un juicio político contra los jueces que firmaron la orden de excarcelación, anunció el secretario de Estado para los Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.

«Hace tiempo que se cuestiona a los jueves de la Cámara (de casación), y entonces ¿Por qué no los cambiaron antes?», comentó a la AFP Elena Alfaro, ex prisionera de la dictadura militar argentina y directora de una organización de sobrevivientes de los campos de tortura y por la memoria.

Elena Alfaro fue arrestada en abril 1977 por la policía argentina junto a su compañero Luis Fabbri, hoy desaparecido, y llevada al campo de concentración y torturas de El Vesubio en la zona de Buenos Aires.

Dejada en libertad en noviembre de ese mismo año, se exilió en Francia y desde entonces no ha cesado de denunciar a sus torturadores.

Su acción en favor de la justicia le valió la Legión de Honor del gobierno francés en 2007, que recibió de manos de Lucie Aubrac, una de las grandes figuras de la resistencia francesa contra el nazismo.

Alfaro está convencida de que el Estado y toda la sociedad argentina deben implicarse en la cuestión de los derechos humanos y el trato dispensado a quienes los violaron, en lugar de dejar estos asuntos únicamente en manos del aparato judicial.

«El caso de Astiz les estalló en la cara y ahora, si quieren mostrar que Argentina es capaz de juzgar y condenar en el país a sus genocidas, sin aceptar que sean extraditados, van a tener que jugarse a fondo», comentó.

Astiz había sido condenado en ausencia por la justicia francesa en marzo de 1990 a cadena perpetua «por su implicación directa en el secuestro y tortura de dos religiosas francesas», Leonie Duquet y Alice Domon.

Francia ha enviado a Argentina varias peticiones de extradición, la última de las cuales está siendo examinada.

«Si bien no hay comparación posible entre los recientes gobiernos y otros anteriores en el compromiso por hacer justicia, no se ve una voluntad política para ir al fondo de la verdad, para construir una verdadera memoria», insistió.

Elena Alfaro recordó la frase de un carcelero del campo El Vesubio: «…Tranquilos, si no los matamos nosotros ya los matarán ellos», para alertar «del germen de inhumanidad con que infectaron la sociedad y que sigue presente aún en la actualidad».

«Se trata de recuperar y reivindicar toda la verdad y, digo bien, toda la verdad, con los valores de humanidad y la profundidad que tuvo nuestra lucha y que nos valió ser víctimas de un verdadero genocidio», concluyó.