Justicia argentina suspende  la liberación del capitán Astiz

El fiscal Raúl Plee «presentó la apelación ante la Corte Suprema de la medida de ponerlos en libertad (a Astiz y otros oficiales). Y esto tiene un efecto suspensivo automático» sobre la excarcelación, explicó la fuente.

La noticia se conoció apenas dos horas después de que el gobierno de Cristina Fernández anunciara que apelaría la excarcelación ante la Corte, con el propósito de que el marino siga en prisión hasta que sea llevado a juicio.

La Cámara de Casación (tribunal de alzada) había ordenado el jueves la liberación de Astiz –de 57 años, alias «el ángel rubio de la muerte»– y la de otros oficiales, acusados de crímenes contra la humanidad.

La ley fija que nadie puede quedar encarcelado más de dos años sin sentencia firme, omisión que sólo puede llenarse con la liberación del acusado hasta la hora en que se siente en el banquillo.

Astiz y otros oficiales que integraban ‘escuadrones de la muerte’ iban a seguir de todos modos en prisión esperando el juicio, mientras se tramitaban anunciadas apelaciones, entre ellas una de la querella, y se disponían los montos de fianzas de la caución legal correspondiente.

El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, precisó que la apelación gubernamental intenta «evitar el escándalo jurídico de la libertad de estos individuos».

«Algunos de ellos tienen condenas en ausencia por tribunales franceses e italianos y con pedido de extradición de la Justicia española», dijo Duhalde.

El gobierno también iniciará el trámite de juicio político contra los jueces que firmaron la orden de excarcelación, anunció el alto funcionario.

«El país no puede intranquilizarse. Lo único seguro es que esta gente está detenida, y sigue detenida», dijo el juez de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fayt, ayer viernes a la televisión.

El dictamen del tribunal se había difundido el jueves, día que fue considerado por la presidenta Fernández «de la vergüenza para Argentina, para la humanidad y para el sistema judicial».

La Justicia tiene contra Astiz y los oficiales un proceso abierto por secuestros y desapariciones de las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon, de decenas de disidentes políticos y de la fundadora de la organización Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor.