Día clave para Colombia en el Consejo de DDHH de la ONU

Al abrir el debate de tres horas en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo para revisar la situación de los derechos humanos en los 192 Estados miembro de la ONU, el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, pidió «perdón» a las víctimas de muertes por fuera de combate en las que participaron las Fuerzas Armadas, que reconoció como «vergüenza para el Estado colombiano».

Grupos de derechos humanos han denunciado más de un millar de ejecuciones extrajudiciales y de denominados casos de «falsos positivos», a quienes el Ejército presentaba como muertos en combate.

«Desgraciadamente debemos reconocer que se han presentado estos casos en nuestro país y con profundo dolor pido perdón a las víctimas y les doy la certeza de que ninguno de estos crímenes quedará en la impunidad», afirmó Santos, número dos del gobierno de Alvaro Uribe, en el poder desde 2002.

El vicepresidente colombiano, que asistió al debate acompañado por una decena de altos responsables del gobierno, destacó la desmovilización de los paramilitares de ultraderecha y la aprobación de la ley de Justicia y Paz, «que reconoce los derechos de las víctimas como ninguna ley lo había hecho en parte alguna del mundo», sostuvo.

El gobierno colombiano afirma que los paramilitares desaparecieron después de que unos 32.000 miembros de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, ultraderecha), dejaron las armas en el marco de la ley de Justicia y Paz, que les concede una amplia rebaja de penas a cambio de confesar sus crímenes, incluidos los de lesa humanidad.

A las «ONG les conviene que existan los paramilitares (…) para mostrar que no funciona el proceso de desmovilización y la Ley de Justicia y Paz», dijo más tarde Santos a la prensa.

«De ser un Estado incapaz de proteger a sus ciudadanos, hemos avanzado en mejorar la garantía a la vida y a la libertad», sostuvo Santos ante los miembros del Consejo, ante los cuales asumió «de manera solemne» el cumplimiento de «67 compromisos» enumerados en su informe.

Entre 2002 y 2007 «el homicidio disminuyó en 45%, las masacres en 77%, los atentados terroristas en un 76,5% y el secuestro extorsivo en 87%», precisó Santos.

Pero este panorama contrasta con la lista sobre ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, fosas comunes, niños soldado, desplazamientos a la fuerza, asesinatos de sindicalistas y defensores humanitarios, que denuncian ONG colombianas y entidades internacionales.

Durante el debate sobre Colombia unos 40 países pidieron la palabra, entre ellos Chile, México, Argentina, Brasil, Perú y Cuba, que respaldaron «los esfuerzos» del gobierno colombiano.

México recomendó el envío a Colombia de «tres relatores especiales» para abordar la situación de los defensores de derechos humanos, los casos de ejecuciones extrajudiciales y la independencia de jueces y abogados.