Parlamento Latinoamericano respaldó decisión de Ecuador

Por unanimidad decidió apoyar y solidarizarse con la decisión del Ecuador por haber solicitado a la Asamblea de las Naciones Unidas, que pida a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, una opinión consultiva sobre el marco jurídico que debe regir en las obligaciones externas

Bajo estos parámetros, impulsará la realización, en la ciudad de Quito, de una reunión especial de la «Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional» para diseñar una estrategia latinoamericana que transparente la deuda externa de todos nuestros países y proponga mecanismos imprescindibles para modificar un sistema que se ha convertido en factor de exclusión social y sometimiento económico.

La Asamblea del Parlamento Latinoamericano acogió con un sonoro aplauso la propuesta presentada por el presidente de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, Fernando Cordero, quien luego se entrevistó con el presidente de Panamá, Martín Torrijos.

Cordero Cueva le entregó un ejemplar de la Constitución de la República del Ecuador, producto del proceso constituyente, así como un ejemplar del informe preparado por la comisión que realizó la auditoría del crédito público.

A su vez, el mandatario panameño se comprometió a impulsar la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Latinoamericano, en Quito, precisamente para diseñar una estrategia de la región frente a la deuda.

Posteriormente, Fernando Cordero mantuvo una reunión de trabajo con el Presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, Ricardo Alarcón Quezada.

En la Asamblea del Parlamento Andino se consideró que la deuda externa continúa siendo un factor constante de condicionamiento para los países en desarrollo, obligándolos a transferir importantes sumas de dinero por concepto de intereses y al pago de obligaciones contraídas, en algunos casos violentando el orden jurídico de los Estados.

Los participantes tomaron en cuenta que el gobierno ecuatoriano, en su condición de Estado soberano, decidió auditar la totalidad de la deuda interna y externa de su país y que en el informe, entregado a este Parlamento, se han revelado actos ilegales, ilegítimos e inclusive indicios de posibles delitos de acción pública.