Atrapados. Unos 350.000 pasajeros no pueden salir del país por los enfrentamientos

Tailandia: miles de opositores bloquean las terminales aéreas

Los manifestantes antigubernamentales explicaron su retiro ante los recientes ataques con granadas en la sede gubernamental, donde se encuentran las oficinas del primer ministro, que causaron dos muertos y decenas de heridos entre sus seguidores.

«Nos iremos a los aeropuertos de Don Mueang y Suvarnabhumi», anunció a la AFP Anchalee Paireerak, una portavoz de la Alianza del Pueblo para la Democracia (PAD), que agrupa a los opositores al gobierno del primer ministro, Somchai Wongsawat.

El refuerzo del bloqueo de los aeropuertos podría ser desastroso para los vitales ingresos del turismo.

El Ministerio de Turismo estimó ayer lunes que unos 350.000 pasajeros, turistas extranjeros o tailandeses, estaban atrapados, sin poder abandonar el país.

En tanto, el primer ministro sigue en su feudo electoral de Chiang Mai (700 kilómetros al norte de Bangkok) desde que regresó al país, a principios de la semana pasada, proveniente de Lima, donde participó en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

En Bangkok decenas de manifestantes, vestidos con camisas y camisetas amarillas como símbolo de lealtad al rey, recogieron sus efectos personales y abandonaron, a bordo de camiones enviados por la PAD, el complejo gubernamental donde estaban atrincherados desde el 26 de agosto.

La PAD empezó el martes pasado a ocupar los dos aeropuertos civiles de Bangkok, lo que conllevó su cierre y agudizó la crisis política en Tailandia, que lleva ya más de seis meses.

Mientras la PAD anunciaba su repliegue estratégico de la sede del gobierno, unos 1.500 partidarios del gobierno permanecieron movilizados ante la sede de la administración metropolitana de Bangkok.

La antevíspera, 15.000 manifestantes progubernamentales vestidos de rojo ­el color del apoyo al gobierno­ se habían congregado allí.

Los partidarios del gobierno podrían decidir manifestarse de nuevo este martes ante el Tribunal Constitucional, que debe pronunciarse sobre un caso de fraude electoral que podría llevar a la disolución del partido en el poder y de dos formaciones aliadas.

Temiendo un veredicto negativo de la corte, los partidarios del gobierno han advertido contra lo que consideran «un golpe de Estado disfrazado».

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