El gobierno acusará y detendrá a opositores

El ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada, aseguró que «hay elementos presentados ante una comisión especial de fiscales con respecto a Rubén Costas» y agregó que será esta comisión la que determinará «si son suficientes para hacer la imputación formal».

El funcionario, citado por el diario La Razón, se refirió a los hechos sucedidos en setiembre pasado, cuando la violencia política se desbordó en varias regiones opositoras y especialmente en Santa Cruz (este), donde grupos radicales tomaron e incendiaron varias instituciones públicas.

Para el gobierno boliviano los prefectos opositores de cinco de los nueve departamentos fueron los supuestos instigadores de estos actos violentos que se desbordaron el 11 de setiembre en la región de Pando, con la muerte de al menos 16 campesinos, en una acción que el Ejecutivo califica como una masacre.

Por esas muertes, el prefecto opositor, Leopoldo Fernández, un veterano líder de derechas, fue recluido en una cárcel de La Paz, donde permanece a la espera de un juicio ordinario, mientras sus abogados piden que su caso pase a la Corte Suprema y se quejan de una persecución política.

También fueron detenidos otros líderes opositores, entre ellos el máximo dirigente civil del departamento de Tarija, Reynaldo Bayard, que el pasado domingo fue recluido en la cárcel de La Paz, acusado de la voladura de un gasoducto en el sudeste, por el que se transporta el carburante a Brasil.

El ministro de Gobierno boliviano ratificó que, por ese atentado, se presentó una querella penal contra el poderoso líder cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic, quien, a su juicio, está implicado en el atentado.

«Un dirigente cívico de Tarija lo acusó de haber sido quien trasladó la dinamita al Chaco en una avioneta, dinamita que se utilizó en el atentado al gasoducto. Lo está implicando materialmente en el hecho, no sólo ideológicamente», puntualizó.

Los dirigentes cívicos opositores de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca rechazaron las acusaciones y señalaron al presidente Evo Morales como responsable de llevar adelante una persecución política ante la cercanía del referendo en el que se someterá a las urnas, en enero, la nueva Constitución impulsada por el oficialismo.

«Es una persecución implacable a los dirigentes que defendemos el estado de derecho y la democracia a través de un proceso autonómico, ante una denuncia que no tiene la menor prueba», señaló Víctor Hugo Velasco, dirigente cívico de Santa Cruz y agregó que se apunta a quienes están haciendo una campaña por el «No».

En la misma dirección, los dirigentes cívicos de Tarija anunciaron un paro en esta región, exigiendo la liberación de sus representantes y anunciaron acciones conjuntas con los líderes de los otros departamentos opositores.

El vocero de Gobierno, Iván Canelas, informó que el Ejecutivo «no ha pedido que se detenga a las autoridades departamentales» pero que si el Ministerio Público encuentra pruebas, es su obligación constitucional «citar a las personas involucradas a declarar».

Bolivia estuvo al borde de una guerra civil por posiciones irreconciliables entre oficialistas y opositores en torno al proyecto de una nueva Carta Magna impulsada por Morales, de corte estatista e indigenista, en contra de anhelos autonomistas de los líderes de cinco regiones rebeldes.