Tensa definición en Venezuela

Si bien los equipos electrónicos con los que votaron casi 17 millones de venezolanos son de altísima tecnología y se esperaba una pronta difusión de los resultados, la prolongación del horario de votación, por lo menos por cinco horas más de lo previsto, aumentó la nota de incertidumbre con que se abrió la jornada.

La prohibición legal de divulgar datos a boca de urna se vio complementada por una decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) dispuesto a dar difusión a los resultados sólo cuando se marcaran tendencias «irreversibles».

Aún así, algunas proyecciones permitían estimar que el oficialismo retendría la mayoría en los 22 estados, y que se produciría una reñida definición en otros. Algunos de alto contenido emblemático, como Zulia, donde se genera gran parte de la riqueza petrolera.

Sobre el fin del horario establecido, una información extraoficial indicó que en Zulia estaba obteniendo una clara ventaja Pablo Pérez, candidato de la oposición a Chávez. Al igual que Isla Margarita, en ese estado se impuso la oposición en los comicios regionales de 2004.

Sin embargo Alberto Müller Rojas, dirigente del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), llamó a conferencia de prensa para denunciar que las encuestas a boca de urna provenían de los Estados Unidos, por lo cual «alertamos a los ciudadanos a no creer en estos resultados porque esos sondeos tienen un altísimo margen de error».

Cuando las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) dispusieron una extensión en el horario de votación, porque miles de ciudadanos aún no habían hecho ejercicio de su derecho al voto, los opositores Ismael García (Podemos), Julio Borges (Primero Justicia) y Henry Ramos Ayub (Acción Democrática) denunciaron que esa medida favorecía al gobierno.

Para Borges, la posibilidad de una «prórroga general» podía dar lugar a la concreción de un fraude, en tanto que Ramos Ayub advertía que «no permitiremos que se reviertan los resultados mediante artificios».

El principal líder opositor Manuel Rosales, gobernador saliente de Zulia y candidato a la alcaldía de Maracaibo, denunció a su vez un plan para perturbar el escrutinio.

«Vemos con mucha preocupación llamados de la oposición a cerrar las urnas, porque no hay razón para terminar los procedimientos mientras el pueblo permanezca en filas», manifestó por su parte Jacqueline Faría, vicepresidenta del PSUV.

Mientras, Tibisay Lucena, presidenta del CNE, advirtía que el organismo no permitiría presiones de ninguna naturaleza, y subrayó que no se trataba de otro propósito que el de hacer cumplir la ley que dispone que los circuitos en los que haya ciudadanos en la fila, deben mantenerse abiertos hasta que el último de ellos haga uso de su derecho.