Caravana de la muerte

Santiago, AFP

El caso de la Caravana de la Muerte, en el que 75 prisioneros políticos fueron fusilados, es una de las páginas más negras de la represión desatada por el régimen militar que se instauró en Chile en setiembre de 1973 y se prolongó por casi 17 años hasta 1990.

El ex dictador Augusto Pinochet está siendo indagado por presunta autoría intelectual de este hecho por el juez especial Juan Guzmán Tapia, quien este martes lo interrogó en la residencia particular del general, en el elegante barrio de La Dehesa en Santiago.

De las 75 ejecuciones, 57 figuran en la causa como homicidios calificados y 18 como secuestros. Precisamente, el delito de secuestro está expresamente excluido de la Ley de Amnistía dictada bajo el régimen de facto en 1978.

A comienzos de octubre, el mes siguiente al golpe de Estado del 11 de setiembre, comenzó a recorrer el territorio chileno, de sur a norte, una «comisión especial» transportada en un helicóptero Puma del Ejército. A su paso por Cauquenes, La Serena, Copiapó, Antofagasta y Calama, ejecutó a 75 prisioneros políticos.

La comisión, conocida como «Caravana de la Muerte», fue comandada por el general (r) Sergio Arellano Stark e incluía a los coroneles (r) Sergio Arredondo y Marcelo Moren Brito y el capitán (r) Patricio Díaz Aravena.

Todos ellos, además de otros militares involucrados, fueron declarados reos por el juez Guzmán Tapia y se encuentran detenidos en unidades militares o en sus domicilios.

La caravana fusiló a prisioneros políticos en Cauquenes (sur) el 4 de octubre, en La Serena el 16 de octubre y en Copiapó, Antofagasta y Calama, todas en el norte, en los días siguientes hasta el 19 de octubre.

En varios casos, la comitiva retiró detenidos en prisiones locales, los trasladó a regimientos donde los fusiló, o a los alrededores de las localidades mencionadas para asesinarlos.