Los cortadores de cabeza

Por Niko Schvartz

Los crímenes se multiplican mientras se acelera la implementación del Plan Colombia, una de las prioridades de Bush enmascarada en la campaña antidroga. Algunos personajes políticos que supieron tocar la tecla populista, como Horacio Serpa Uribe, procuran basar una temprana campaña electoral en la propuesta de extender el Plan Colombia a toda la región andina.

 

Culpa de Pastrana, complicidad militar

Pastrana no puede seguir repitiendo la letanía de que se trata de hechos aislados, de ovejas descarriadas del rebaño de la democracia. Las bandas paramilitares asesinaron en los primeros 16 días del año a una persona cada 3 horas. En los últimos tres meses, las víctimas superan las 500. Ahora, la bestialidad de los degüellos desmiente al presidente, al ministro de Defensa Luis Fernando Ramírez y a los mandos que hablaron de «avances en la lucha contra el paramilitarismo». Las masacres se efectúan en zonas altamente militarizadas. Lo que avanza es la barbarie fascista, la impunidad y la complicidad de los jefes militares.

Es más: los sobrevivientes de la reciente masacre de Chenque en ovejas declararon que antes de la masacre los paramilitares «se inyectaban con jeringas unas sustancias blancas». Tomen nota quienes hablan de la lucha contra las drogas.

Hace hoy exactamente dos años, al iniciarse los diálogos de paz (24 de enero de 1999) las FARC proporcionaron al gobierno una lista de militares y civiles vinculados estrechamente al paramilitarismo. No se les llevó el apunte, y el jefe de los asesinos, Carlos Castaño, fue recibido con todos los honores por el ministro del Interior.

En Barrancabermeja las AUC llevan a cabo sus atentados con la complicidad de los mandos y del gobierno, y en connivencia con los terratenientes y grupos mafiosos de la zona, provocando 500 víctimas en un año. El gobierno envió tropas especiales, y nada cambió, porque siguió la conmixtión militares-gobierno-AUC. La población, incluidos el obispo Jaime Prieto Amaya, el alcalde y organizaciones de DDHH, rechazan la «solución militar» y la impunidad, reclamando la recreación del clima de diálogo.

 

La propuesta de Marulanda

Un comentarista político anota: «El fenómeno paramilitares en Colombia no es casual sino una política de Estado. Es parte, en los últimos 50 años, de la superestructura del poder dominante bipartidista y por ende criatura del Estado. En el país el poder –además de las triquiñuelas y del tradicional clientelismo– se sustenta en la violencia ejercida desde arriba, y buena parte de esta, en su manifestación de terrorismo de Estdo, es ejecutada por los paramilitares, llámense ‘pájaros’, ‘chulavitas’ o ‘autodefensas'».

Todo esto ha llevado al siguiente balance del año 2000 en Colombia: 38 mil muertes violentas, decenas de masacres paramilitares, niños fusilados en «equivocaciones» de patrullas militares, combates de las guerrillas con el ejército y los paramilitares, secuestros, atracos bancarios y callejeros suicidios en crecimiento, dirigentes sindicales asesinados o milagrosamente salvados, temor de los gobiernos vecinos por la carrera armamentista y el Plan Colombia, dos millones de desplazados internos, miles de refugiados en el exterior, cuadras enteras de gente ante las embajadas, corrupción desenfrenada, más de 50% de la población en condiciones de pobreza extrema, miles de niños en la calle o en la prostitución.

Es en este cuadro que cobra trascendencia la propuesta que Manuel Marulanda elevó el 17 de enero al gobierno por intermedio del alto comisionado para la paz, Camilo Gómez. El líder histórico de las FARC propone emprender la reanudación del diálogo de paz, hacer efectivo un primer intercambio humanitario de soldados y policías por guerrilleros enfermos en prisión. Señala la responsabilidad del gobierno en las tres suspensiones de las conversaciones, propone nombrar delegaciones conjuntas del gobierno y la guerrilla para entrevistar a los pobladores de la zona de despeje, para invitar a gobiernos y parlamentos de la Comunidad Europea a otra visita a El Caguán, y también a representantes de los partidos colombianos. Sugiere igualmente una Comisión mixta de alto nivel apra evaluar en concreto la lucha contra el paramilitarismo. Por último se refiere a la situación de los habitantes del Putumayo, víctimas de las fumigaciones y de los atentados del ejército disfrazado de paramilitares.

El día 18 se realizó una reunión entre el gobierno y la guerrilla en La Macarena, y el domingo 21 el comisionado Camilo Gómez entregó a Raúl Reyes una lista de 11 propuestas del gobierno para relanzar el diálogo de paz.

Terratenientes y paramilitares se oponen a la creación de una zona de distensión en el sur de Bolívar para el diálogo con el ELN, y con esa finalidad montaron retenes, impidieron el ingreso de personas a la zona y anunciaron el bloqueo de las carreteras.

 

Las marchas con antorchas

Mañana 25 de enero se realilzará una gran marcha con antorchas en Bogotá, de la Plaza de Toros a la Plaza de Bolívar, para defender los diálogos de paz, denunciar las masacres paramilitares y rechazar el Plan Colombia. Demostracioens análogas, bajo el lema: «Pongámosle luz al diálogo» tendrán lugar en Medellín, Cali, Bucamaranga y Barranquilla. Se programan encuentros de trabajadores por la paz, y una reunión de gobernadores y alcaldes de un conjunto de departamentos y ciudades por una solución negociada del conflicto y la erradicación pacífica de los cultivos ilícitos.

 

En Porto Alegre

El tema estará vivamente presente en el Foro Social Mundial de Porto Alegre que se inicia mañana. Tres talleres estarán dedicados al mismo, por iniciativa de docentes de la Universidad de Rio Grande do Sul, Attac Brasil y la vicaría colombiana de Florencia, en el Caquetá. Tal como corresponde a un tema candente de nuestra América Latina.