España expulsaría a inmigrantes sin documentos

Madrid, ANSA

Centenares de inmigrantes clandestinos se movilizaron ayer en varios puntos de España para solicitar la regularización de su situación ya que mañana entrará en vigencia en este país la nueva ley de inmigración, que permitirá la expulsión inmediata de los indocumentados.

En Barcelona, más de 360 inmigrantes sudamericanos, asiáticos y africanos están encerrados en una iglesia en huelga de hambre por tiempo indefinido, mientras en Murcia 300 ecuatorianos están encerrados en cuatro salones parroquiales.

En Madrid medio centenar de ecuatorianos protesta por la entrada en vigor de la nueva ley en la capilla de un colegio.

A partir de mañana, con la nueva Ley de Extranjería podrán ser expulsados de España por el procedimiento de urgencia todos los extranjeros «sin papeles», es decir, sin permiso de trabajo ni residencia.

La expulsión de los inmigrantes ilegales que no quieran regresar de modo voluntario a su país de origen «provocará la prohibición de volver a España en un período de entre tres y diez años», advirtió el viernes el delegado de gobierno en Murcia, José Joaquín Peñarrubia.

Según la oposición, España «no podrá proceder a la expulsión masiva de inmigrantes porque no puede prescindir de ellos», dijo el vocero de Izquierda Unida, una coalición comunista, Felipe Alcaraz, quien calificó la nueva ley de «policial y represora».

Hasta ahora a los extranjeros indocumentados se los sancionaba con una multa y en la tercera penalización podían ser expulsados, según la ley vigente hasta hoy.

Esa ley había sido aprobada en diciembre de 1999 pero con los votos en contra del Partido Popular (PP) del premier, José María Aznar y es considerada una de las más tolerantes de Europa en este tema.

Aznar había anunciado que si ganaba las elecciones de marzo de 2000 impulsaría profundos cambios en esa ley.

En esos comicios, Aznar obtuvo mayoría absoluta y luego modificó la norma legal en cuestión gracias también al apoyo de los nacionalistas catalanes (Convergencia i Unio) y canarios (Coalición Canaria).

Los cambios fueron rechazados por los socialistas (PSOE) e Izquierda Unida.

La ley anterior era «la más permisiva de la Unión Europea, cuajada de errores, que ha producido un efecto de atracción importantísimo», justificó el delegado del gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández Miranda.

Las cifras de inmigrantes ilegales oscilan entre 150.000 y 300.000 personas.

El gobierno pretende que los inmigrantes que trabajan en España de forma ilegal vuelvan a sus países de origen para pedir allí una visa –para lo que necesitarían contar con un contrato de trabajo– con el cual luego podrían volver a entrar a España en forma legal.

Fernández Miranda viajará el miércoles a Ecuador para ultimar un acuerdo en este sentido, que sería firmado el 31 de enero en Quito por el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja.

El gobierno español anunció la firma de convenios con varios países, entre ellos Ecuador, República Dominicana, Nigeria, Marruecos y Polonia, para regular el flujo de inmigrantes de acuerdo a la necesidad de mano de obra extranjera en España. A Ecuador el gobierno español le reservaría un 30 por ciento del cupo anual de inmigrantes, dice el diario El País.