El médico de la acusación cuestionó peritaje mental

Santiago de Chile, ANSA

El doctor Luis Fornazzari, residente en Canadá, fue designado por la acusación, pero se negó a firmar el informe médico, según declaró al diario electrónico El Mostrador.

«Me modificaron el diagnóstico», aseguró. «Había consenso entre los ocho especialistas que el ex general Pinochet tenía una demencia subcortical en grado leve a moderada, pero el informe final establece una demencia subcortical moderada a secas».

Paralelamente, medios locales estiman que Pinochet asumirá la responsabilidad política, pero no la penal, cuando hoy Guzmán lo interrogue sobre su participación en las 57 ejecuciones y 28 secuestros cometidos en octubre de 1973 por la llamada «caravana de la muerte», causa por la que el octogenario ex comandante en jefe del Ejército es indagado.

La prensa local también anticipa algunas preguntas que Guzmán le podría formular hoy a Pinochet, mientras cobra más vigencia la anticipada posición de que el ex gobernante de facto (1973-90) no responderá a las mismas.

La Corte Suprema determinó en su momento que Pinochet se sometiera a peritajes mentales y neurológicos y nominó para realizarlos a seis especialistas del Servicio Médico Legal y de universidades a los que se sumaron, como observadores, un médico por la defensa y otro por los querellantes.

Fornazzari, designado por los querellantes, declaró que Pinochet está en condiciones de ser procesado, afirmó que existían «irregularidades» en el informe y ningún otro especialista, por ahora, lo ha retrucado.

En tanto, Guzmán ingresará mañana por la entrada de servicio de la residencia de Pinochet –según fijó el propio ex mandatario– para el interrogatorio.

Pinochet «reconocerá en forma directa su responsabilidad política, pero no penal» en el caso de la «caravana de la muerte» escribió ayer el diario local La Tercera.

El mismo medio añadió que los cercanos al ex general esperan que se valore su reconocimiento «y genere un ambiente propicio para encontrar una salida política que permita cerrar a corto plazo el proceso en su contra».

En fuentes de la defensa de Pinochet apuestan que sea sobreseído antes de ser procesado, por razones de salud, aunque sin ser declarado loco o demente, única situación en que la legislación chilena exime a un inculpado para evitar un juicio.

Guzmán podría sobreseer a Pinochet o bien decidir el proceso en su contra.

El juez interrogará a Pinochet, entre otras cosas, sobre el servicio de seguridad militar, su estructura, los lugares secretos de detención, las persecución de dirigentes comunistas, la operación sudamericana de inteligencia y cómo se efectuaron los consejos de guerra, según indicaron ayer fuentes periodísticas.

Especialmente le preguntará sobre «la sustracción de detenidos de sus lugares de detención y posterior fusilamiento», como ocurrió en la llamada «caravana de la muerte», cuyos responsables aseguran que el «alto mando» le dio las órdenes.

Guzmán puede también determinar, en vista de su avanzada edad y por la dolencias médicas que le aquejan, interrogar a Pinochet en varias sesiones.

El juez deberá aclarar, según anticipo del diario oficial La Nación, «si tenía conocimiento que se aplicaban torturas o apremios ilegítimos a personas detenidas en recintos de detenciones políticas».

Como también si Pinochet «puede explicar cómo pudo ocurrir que se hubiesen cometido excesos o violaciones a los derechos humanos» en esos lugares.

El juez Juan Guzmán Tapia, que este martes interrogará a Augusto Pinochet por su presunta implicación en la «caravana de la muerte», tiene en sus manos un total de 209 querellas que responsabilizan al ex dictador chileno de más de 3.000 muertos y desaparecidos durante su régimen militar (1973-1990).

Guzmán, a quien sus colegas califican como un hombre prudente pero firme, tomó a cargo la suerte del ex comandante en jefe del ejército, en un largo proceso hacia el cual apuntan los ojos del mundo desde que el anciano general escapó a la Justicia europea, hace 10 meses. Guzmán, de apariencia tranquila, rechaza que lo comparen con el juez Baltasar Garzón, que llevó el proceso contra Pinochet en España y cuya solicitud de extradición hizo que el ex dictador fuera detenido por casi 17 meses en Gran Bretaña, antes de ser liberado por razones humanitarias en marzo del año 2000.

«Yo no soy el Garzón chileno», ha dicho reiteradamente Guzmán a la prensa, ante la cual ha dejado en claro su completa convicción de que los delitos «deben ser juzgados en el país donde se cometieron».

De 61 años e hijo del poeta Juan Guzmán Cruchaga, el magistrado ingresó al Poder Judicial en 1970, tres años antes del golpe militar que derrocó al entonces presidente Salvador Allende (1970-1973).