Debe responder a las denuncias presentadas en su contra

Fujimori tiene cinco días

Lima, AFP

Las acusaciones se refieren al envío de una carta de renuncia al cargo desde Tokio y al presunto delito de apropiación y enriquecimiento ilícitos por la autorización de un contrato de alquiler de un helicóptero MI-26 a las Naciones Unidas.

La citación oficial para que responda es suscrita por el legislador Daniel Estrada, presidente de la subcomisión de la comisión permanente del Congreso que investiga las denuncias.

Legisladores de varias agrupaciones políticas presentaron denuncia constitucional contra el ex gobernante por incumplimiento de deberes y abandono de cargo.

Henry Pease, segundo vicepresidente del Legislativo peruano, responsabiliza a Fujimori de violar la Constitución de Perú y pidió que se le inhabilite para ejercer toda función pública por un lapso de 10 años.

Señaló que Fujimori, quien fue destituido por el Congreso en noviembre pasado por «permanente incapacidad moral», incurrió en delitos contra la fe pública por falsedad y contra la administración pública por encubrimiento, usurpación de funciones y abandono de su cargo.

También precisó que «se benefició políticamente de la corrupción y utilizó los recursos del Estado para mantenerse en el poder (durante la década en que lo ocupó, entre 1990 y 2000)».

Asimismo, Pease acusó al ex mandatario de «permitir la fuga del Perú del prófugo (ex asesor de Inteligencia y ex brazo derecho de Fujimori) Vladimiro Montesinos y realizar gestiones para obtener un irregular e ilegal asilo político para este» en Panamá.

En el caso de que Fujimori no formule sus descargos dentro del plazo señalado se tendrá por absuelto el trámite y de existir pruebas suficientes que hagan presumir la comisión de un delito o infracción constitucional, la subcomisión puede emitir su informe final o parcial, anotó la fuente.

En reiteradas ocasiones Fujimori ha señalado que por razones de seguridad no tiene intenciones de regresar a Perú para responder a las acusaciones en su contra y ha manifestado que puede recibir en Tokio a los parlamentarios que lo investigan.

La legisladora Anel Townsend lo ha acusado por enriquecimiento ilícito por el alquier de un helicóptero del ejército peruano a la ONU para las misiones de paz en Timor Oriental por un plazo de dos años.

El alquier de la nave se hizo por algo más de 1.200.000 dólares pero Perú sólo percibió unos 350.000 dólares. La operación de alquiler estuvo a cargo del piloto de confianza del ex presidente Fujimori, el general Edmundo Silva Tejada, quien fue jefe de la Aviación del Ejército.

El militar, que se fugó del país en noviembre pasado, está acusado por el fuero militar por estafa y fraude.

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