General pinochetista duda

Santiago, AFP

Este fiel colaborador de Pinochet, a quien se refiere únicamente por «mi general» o el «ex presidente de la República», aseguró que no tiene nada de qué arrepentirse «porque luchamos por los derechos humanos de la mayoría de los chilenos que estaban francamente amenazados» cuando se produjo el golpe de Estado contra el extinto presidente Salvador Allende.

La carrera profesional de este hombre de buen porte, rasgos duros, bigote blanquísimo y cabello renegrido, quien recibió a la AFP en su departamento del distinguido barrio de Las Condes, surca la época más traumática del país: era capitán cuando los militares tomaron el poder y general cuando abandonó en 1997 la vicecomandancia en jefe del Ejército, durante la transición democrática.

«No existe la menor duda de que el proceso contra Pinochet es de índole político llevado a través de los tribunales y a partir incluso de un delito inexistente, cual fue el famoso secuestro calificado que configuró el ministro del fuero para poder burlar la ley de amnistía que cubrió todos aquellos hechos producidos entre el 73 y el 78″, aseguró.

«En esa época se produjo la gran convulsión en Chile, que no fue otra cosa que una explosión derivada de lo que fue la UP (Unidad Popular, coalición que llevó a Allende al poder), el gobierno marxista-leninista y los anteriores hechos políticos que sitúo a partir del año 67 cuando el Partido Socialista, en su Congreso en Chillán, determinó que la única forma de conquistar el poder era la lucha armada», dijo Garín.

«Se inicia entonces un proceso que culmina el 11 de setiembre de 1973″ con la iniciación del gobierno militar, que «fue la última solución para el país que estaba en vías de una evidente guerra civil que hubiera tenido un costo inconmensurable».

Calificó como «ridículo» que todos los días se presente una querella contra Pinochet y afirmó que «utilizar ahora los tribunales es un tremendo error» porque «lo único que están consiguiendo es que se incremente la polarización en el país y que se desprestigien los tribunales de Justicia».

Sobre la posibilidad de que las Fuerzas Armadas admitan que cometieron errores, Garín aclaró que no hablaba por la cúpula militar actual y respondió que «pensamos que las peticiones de perdón público no tienen sentido. El arrepentimiento es absolutamente personal y los errores o aberraciones que se pudieron haber cometido tienen autores y ellos son personalmente responsables».

«Nosotros los fines de semana en misa le pedimos perdón a Dios», dijo, y aseguró que no está «en absoluto» arrepentido. «Tengo la más absoluta tranquilidad de espíritu que luchamos por la mayoría de los chilenos, por los derechos humanos de la mayoría de los chilenos que estaban francamente amenazados», destacó.

«Aquí efectivamente –continuó– pudieron haberse cometido aberraciones respecto de los derechos humanos en términos proporcionales al resto del mundo, pero aquí el gobierno militar tuvo éxito y desplazó a un gobierno marxista-leninista y ese pecado no lo perdona el mundo y especialmente las izquierdas que dominan el mundo y que, por otro lado, conocen muy poco de la realidad chilena».

Garín consideró que si hubo «aberraciones» deben ser juzgadas conforme a la legislación que imperaba en la época, es decir la Ley de Amnistía dictada en 1978 por la Junta de Comandantes, que cumplía funciones legislativas.

Con esta norma los militares pensaron que iban a impedir eventuales juicios a futuro, pero su texto, por ejemplo, excluye el delito de secuestro. Además, el de desaparición de personas no es prescriptible de acuerdo a los tratados internacionales firmados por Chile.

Precisamente, Pinochet –quien el próximo martes se enfrentará por primera vez ante un magistrado– está acusado de la autoría intelectual de 75 ejecuciones –57 homicidios y 18 secuestros– cometidos por la «Caravana de la Muerte» en 1973.

Sobre la información proporcionada por los militares a la Mesa de Diálogo divulgada a comienzos de mes, Garín recordó que fue «escéptico» con la iniciativa, aunque le parecía un «esfuerzo en la dirección correcta en la medida en que se buscara efectivamente atenuar el dolor de la gente que perdió un familiar».

«Pero esto se está desvirtuando y se le está dando un carácter político. Les está importando muy poco el dolor de la gente. Lo que se debía haber pretendido es buscar a los desaparecidos y darles cristiana sepultura a aquellos que fueran creyentes. Creo que esto se está usando como un pretexto para el juicio al gobierno militar», insistió. En cuanto a los datos proporcionados, entre ellos el lanzamiento al mar de detenidos, señaló que «no es una sorpresa. Yo no afirmo ni niego que pueda ser la verdad. Es perfectamente explicable que también esa pueda ser información falsa porque ¿cómo lo vamos a comprobar?». «Yo no sé qué grado de información recibieron los comandantes en jefe para llegar a afirmar eso e informarlo al gobierno, pero ya estamos teniendo resultados que al parecer son informaciones falsas. No tengo antecedentes. Son hechos que ocurrieron cuando yo era capitán y no conozco nada de eso para afirmarlo fehacientemente», sostuvo.