ANDANZAS DE LA CIA Y LA DEA

En Ecuador, el presidente Rafael Correa reveló con pelos y señales los resultados de la labor de una Comisión Especial que investigó el atentado mortal de las fuerzas armadas colombianas a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano en la noche del 29 de febrero al 1º de marzo. En oportunidad, tanto el Grupo de Río por unanimidad como la propia OEA (con la única excepción de EEUU) determinaron que se trató de una violación inadmisible de la soberanía territorial de Ecuador, lo que motivó la ruptura de relaciones de este país con el gobierno de Uribe, que persiste. Ya en aquella ocasión se demostró que el ataque artero y sanguinario (que frustró un operativo de intercambio humanitario en curso avanzado) se perpetró con ayuda logística, tecnológica y de inteligencia por parte de EEUU a Colombia. La reciente investigación reveló además, según el comandante de la Policía general Jaime Hurtado, la infiltración de la CIA en los servicios ecuatorianos. El gobierno anunció que serán sancionados los agentes que colaboraron con la agencia norteamericana, la cual comunicó todos los datos a las fuerzas armadas colombianas. Quedó claro además que en el operativo se utilizó la logística y el personal de la base de Manta, enclavada en el Pacífico ecuatoriano, y de la que los ocupantes yankis deberán retirarse indefectiblemente el año próximo, según quedó establecido en la nueva Constitución, ya en vigencia.

Hablando de Colombia: acaban de ser dados de baja 25 oficiales de las fuerzas armadas, entre ellos 3 generales, por su participación en brutales operaciones represivas, en conmixtión con las bandas de los paramilitares de las AUC. Aparecieron montones de cadáveres en distintas fosas, de personas que habían sido dadas como muertas en combate.

Estas ejecuciones extrajudiciales en gran número motivaron la preocupación de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, Navi Pillay, quien declaró que estos temas podrían llevar a dilucidarse ante la Corte Internacional de Justicia. Además, varias decenas de congresistas y gobernadores del oficialismo están encausados por sus vínculos con los paramilitares, y la mayoría de ellos presos. La semana pasada fueron objeto de brutal represión grandes manifestaciones de indígenas del departamento de Cali que peregrinaron durante muchos días para reclamar por sus tierras y sus derechos, y que no fueron recibidos por Uribe, sino por ráfagas de plomo, con muertos y heridos. El presidente los trató de «terroristas», y ellos condenaron a viva voz la política llamada de «seguridad democrática».

El otro foco de actuación de las agencias yankis es Bolivia. El gobierno de Evo Morales expulsó al embajador Philip Goldberg bajo cargo de conspiración y actuación conjunta con el grupo de los prefectos opositores de la «media luna», y de financiación de sus actividades francamente delictivas, como tomas de aeropuertos y de oficinas públicas, corte de rutas, sabotaje del suministro de gas, y otras, culminando con el asesinato múltiple en el departamento de Pando, que dejó 19 muertos y por el cual está enjuiciado el ex prefecto Leopoldo Fernández. Los campesinos del Chapare expulsaron de su territorio a una misión de Usaid (organismo de presunta ayuda humanitaria, con actividades comprobadas de espionaje vinculadas a la embajada de su país) y luego a la misión de la DEA , la agencia antidrogas de EEUU. Ahora, por decisión del gobierno la DEA acaba de ser expulsada de Bolivia por tiempo indefinido. El presidente Evo Morales declaró que la medida se basó en que el personal de la agencia apoyó y financió las acciones de los prefectos opositores, lo que llamó «el golpe civil-prefectural», y agregó: «Tenemos la obligación de defender la dignidad y soberanía del pueblo boliviano». El ministro de Gobierno Alfredo Rada manifestó que se gestiona la conformación de una entidad antidrogas sudamericana en el ámbito de la Unasur. Por otro lado, una investigación sobre la muerte del ex presidente brasileño João Goulart parece indicar una participación decisiva en su asesinato de Frederick W. Latrash, que era jefe de la CIA en Uruguay en esa fecha (1976), en combinación con generales de la dictadura y agentes del DOPS brasileño. El tal Latrash participó en el golpe de Estado de Castillo Armas y en el derrocamiento de Allende. Pero hete aquí que fue, además, asesor del senador McCain.