Temen en Bolivia el aumento de la producción de drogas

El líder de la centroderechista Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, afirmó que la determinación del mandatario, anunciada la víspera frente al cuerpo diplomático, provocará «menos opciones» de comercio con EEUU.

En particular, Doria Medina expresó sus dudas de que se ampliarán las preferencias arancelarias de EEUU (Ley ATPDEA), que terminan a fin de año, y dijo que tal vez el plan anticrisis del gobierno es «aumentar la producción de coca y derivados».

«Sacar a la DEA significa más problemas con Estados Unidos», afirmó el dirigente político, citado por el diario La Razón.

El coronel Luis Caballero, un ex jefe policial que dirigió durante años la Fuerza Antidrogas, dijo que «los más beneficiados en que se vaya la DEA son precisamente las organizaciones criminales. A ellas les va a convenir mucho».

Morales dijo que la medida fue debido a que personal antinarcóticos de Estados Unidos apoyó y financió en setiembre protestas de la oposición de derecha en cinco de los nueve departamentos del país, que dejaron 19 muertos.

Según el mandatario, la DEA respaldó un «golpe civil-prefectural» de esas agrupaciones rebeldes, que se tradujo en cortes de ruta, tomas de aeropuertos y saqueos de oficinas públicas.

«A partir de hoy día se suspende de manera indefinida cualquier actividad de la DEA norteamericana. Tenemos la obligación de defender la dignidad y soberanía del pueblo boliviano», dijo Morales.

El ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada, dijo este domingo que tras la interrupción de labores «no hay justificativos» para que personal de la oficina de EEUU continúe en el país, aunque negó que su opinión implique una expulsión.

El Departamento de Estado, en un comunicado emitido en Washington y reproducido este domingo por medios locales, «rechazó las acusaciones de que la DEA o cualquier otra agencia del gobierno de los Estados Unidos haya apoyado a la oposición o que haya conspirado contra el gobierno boliviano.

Estas acusaciones son falsas, absurdas y las refutamos».

Para despejar temores sobre los efectos de la paralización de labores de la DEA, Rada aseguró que «la lucha contra el narcotráfico es una prioridad nacional» y que por ello el poder Ejecutivo no bajará los brazos.

Rada, uno de los más influyentes ministros de Morales, acotó que también se gestiona «en el ámbito de Unasur (Unión Sudamericana de Naciones) la conformación de una entidad antidrogas sudamericana» e incluso un «fondo regional» para respaldar esa acción.

A pesar de la crisis, el gobierno boliviano expresó su deseo de reencauzar la ayuda de EEUU con el próximo presidente de este país, que asumirá en enero.

La DEA realizaba oficialmente labores de inteligencia, donaba equipos para la lucha contra las drogas y financiaba, a través de su brazo económico, la NAS, las operaciones antinarcóticos.

Se estima que el apoyo anual de EEUU para la interdicción a la producción y comercio de drogas bordea los 32 millones de dólares.

Personal de la DEA ya fue expulsado a principios de setiembre por campesinos de la región cocalera del Chapare, cuna política del presidente Morales, al tiempo que el embajador Philip Goldberg fue expulsado del país bajo cargos de conspiración.

Dos meses antes, de la misma zona los campesinos echaron al programa de apoyo Usaid, con las mismas acusaciones.

Según el dirigente opositor Walter Guiteras, «Evo Morales primero resistió la erradicación y ahora estimula el crecimiento de las plantaciones. Lógicamente tenía que sacar a los fiscalizadores, Usaid y DEA. La política del gobierno es narcotráfico y producción de cocaína. Las consecuencias serán demasiado grandes».